Hace ocho años entró en vigencia la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, lo que trajo esperanza para millones de víctimas del conflicto armado en Colombia.

La Unidad Nacional para las Víctimas entregó cifras positivas en materia de reparación y atención, como la inversión de 6,1 billones de pesos ($ 1.836 millones) en programas sociales como atención psicológica, apoyo en materia de vivienda e indemnizaciones entregadas a casi un millón de personas.

Sin embargo, desde la misma entidad reconocen que es necesario avanzar en la reparación integral de los ocho millones de personas registradas como víctimas, objetivo que no será posible en 2021, año en que termina la vigencia de esta ley.

Vladimir Martín, director encargado de la Unidad Nacional para las Víctimas, aseguró a Blu Radio que la prórroga de la ley es un hecho, razón por la cual se invirtieron mayores recursos para este sector en el Plan Nacional de Desarrollo.

Martín advirtió que el tiempo de prórroga está en estudio y se daría a conocer en diciembre próximo, pero que será un tiempo proporcional a la implementación del acuerdo de paz para realizar una reparación efectiva a las víctimas.

“En principio podría contemplarse la posibilidad de que sean 10 años más”, indicó Martin.

La restitución de tierras es otro de los componentes de la reparación integral de las víctimas. El proceso tiene tres etapas: la administrativa, la judicial y el posfallo.

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) lidera la parte administrativa: recibe solicitudes, reúne las pruebas de abandonos o despojos forzados, determina si inscribe el predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzadamente (RTDAF) y tramita los procesos de restitución en nombre de las víctimas ante la justicia.

Según datos oficiales, 71.284 solicitudes finalizaron el trámite administrativo, lo que corresponde al 75% del total. En la etapa judicial, ya hay sentencias para restituir 341.725 hectáreas, que benefician a 45.655 personas. (I)