Dos altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) fueron imputados este miércoles en Colombia por espiar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigaban a políticos vinculados con paramilitares, y por atribuirles nexos con narcotraficantes, entre otros montajes, informó la Fiscalía.

Según un comunicado, Edmundo del Castillo, exsecretario jurídico de la Presidencia, interceptó ilegalmente comunicaciones, en tanto César Velásquez, exsecretario de Prensa de esa entidad, ideó una estrategia para desprestigiar al alto tribunal.

Los hechos ocurrieron en 2007, cuando ambos funcionarios planearon "el desprestigio de la Corte Suprema y de la legitimidad de las sentencias proferidas frente a los casos de alianzas o nexos entre congresistas y otros políticos con cabecillas de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares de extrema derecha)", indicó el texto.

Junto a abogados y líderes paramilitares, y usando equipos del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Del Castillo planeaba "desacreditar las investigaciones del magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez Gómez", señalaron los investigadores.

Velásquez Gómez es actualmente jefe de la comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala, que condujo a las recientes renuncias y detenciones provisionales del presidente guatemalteco Otto Pérez y su vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Por su parte, el exsecretario de Prensa Velásquez es señalado de haber concertado con funcionarios del gobierno de Uribe una estrategia de comunicaciones para desacreditar la labor de la Corte Suprema inventando nexos con narcotraficantes.

Los exfuncionarios buscaban igualmente deshonrar "la legitimidad de las sentencias" sobre la relación de decenas de congresistas y otros políticos con paramilitares, señaló la Fiscalía.

En la misma diligencia judicial fueron imputados además los abogados Sergio González y Diego Álvarez, por presunta intermediación entre exfuncionarios de Uribe y líderes paramilitares.

Varios colaboradores de Uribe, como la exjefa del DAS, María del Pilar Hurtado, y el exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, ya fueron condenados este año por espionaje a magistrados, opositores y periodistas.

Los vínculos de políticos con paramilitares quedaron al descubierto a partir de 2006, luego de la desmovilización de unos 32.000 miembros de milicias irregulares de ultraderecha, surgidas en los años 1980 para luchar contra guerrillas de izquierda, pero que también traficaron con droga y fueron responsables de masacres en todo el país.

Esas revelaciones desataron el llamado "escándalo de la parapolítica", en el que al menos medio centenar de excongresistas, exgobernadores y exalcaldes han sido condenados hasta ahora. (I)