El Alcalde de Bogotá despacha desde los barrios pobres de la urbe. Allí escucha a vecinos con quejas de su propia administración, como reclamos por obras y proyectos en desarrollo.

También recibe a personalidades internacionales interesadas por su plan Bogotá Humana. Durante un mes despachó desde Ciudad Bolívar y ahí recibió a EL TELÉGRAFO. Su objetivo es transformar la ciudad, no en lo arquitectónico sino en lo social; pero, al mismo tiempo, tiene por delante tensiones muy fuertes de sectores opositores a su gestión y,  ante todo, a una visión política e ideológica. Afirma con convicción que el respaldo popular, refrendado por las encuestas y las estadísticas, avala una gestión que no es la que se hizo durante décadas en Bogotá y ahora quiere regresar, cuando se sabe que la corrupción acumuló 2 mil millones de dólares, gracias a los acuerdos con grandes empresarios.

Ahora su plan se sostiene en tres ejes para un desarrollo urbano en las próximas tres décadas: superar la segregación social, la adaptación y mitigación del cambio climático y la defensa de lo público sobre los intereses privados. Y para ello ha tomado medidas que no gustan a muchos, que de un modo u otro están vinculados a los 14 líderes políticos presos por las denuncias de Petro (hay 18 líderes más en proceso). Sus mayores enemigos: Álvaro Uribe, el procurador Alejandro Ordóñez y el exministro uribista y ahora diputado Fernando Londoño.

Ellos buscan su salida tras unas supuestas irregularidades en la gestión municipal, que han sido suficientemente aclaradas. Y, evidentemente, en esta campaña han participado varios medios de comunicación exacerbando las supuestas irregularidades y, al mismo tiempo, silenciando la gestión de Petro. Incluso han dejado de lado las denuncias de las firmas falsas del diputado uribista para el pedido de revocatoria. El alcalde tiene confianza en su trabajo y en la gente.

En los recorridos se nota el inmenso “poder” de un alcalde que maneja un presupuesto que bordea los 10.000 millones de dólares y administra temas complejos como el sistema de educación y de medio ambiente. Y, por supuesto, donde coloca su impronta que, paradójicamente, le puede llevar a disputar la Presidencia de la República, lo cual a muchos sectores conservadores les aterra y por eso trabajan en su contra. Esta es parte de una conversación que reflexiona sobre este momento crucial en su gestión.

¿Cuál es el rol de la Alcaldía ante la posibilidad de una revocatoria del mandato y la presión de la Procuraduría?
Este es un gobierno (municipal) progresista. Desde la campaña electoral planteó un programa muy avanzado  en el que se sintetizan tres grandes objetivos: superar la segregación social,  Bogotá es una de las ciudades más desiguales del mundo; adaptarnos y mitigar el cambio climático, Bogotá era un lago y la ciudad fue construida encima, ocultando y dañando el agua; y fortalecer el poder público después de dos décadas de neoliberalismo que nos llevó a desprivatizar servicios públicos y a tener una relación diferente e independiente entre los grandes intereses privados y los del Estado en lo distrital.
El pueblo votó por esos tres ejes y nosotros decidimos aplicarlos, contrario a la tradición política en Colombia, de que uno es el discurso y otras las ejecutorias. Logramos disminuir la pobreza, la extrema pobreza, y las cifras de desigualdad social se han desplomado en la ciudad. Hemos atacado intereses particulares y eso ha provocado una reacción violenta. Los medios de comunicación tradicionales, de manera incluso grosera, han tratado de destruir la imagen del gobierno. Después, la clase política tradicional al interior del Gobierno Nacional y ciertos sectores estatales han intentado no solo detener programas esenciales sino que amenazan con la destitución. La extrema derecha se ha organizado para buscar una revocatoria, cada vez con menos apoyo popular, pero las encuestas nos favorecen a pesar de la virulenta campaña mediática.
Ahora se dirime si el país tiene la capacidad en democracia de asumir la paz o continúa con su historia reciente reflejada en exterminar por cualquier medio al contrincante ideológico y sumir al país en la violencia.

Frente a este escenario, ¿cuál es la visión política desde la Alcaldía y desde la condición de un político que habiendo tomado las armas también se plantea la paz?  
Confiar en el respaldo popular. Colombia tiene un proceso de centralización muy fuerte y la Alcaldía de Bogotá maneja casi $ 8.000 millones anuales, maneja educación, salud y tiene fuerte influencia sobre la Policía y los servicios públicos esenciales. Es decir, Bogotá tiene una autonomía comparable con economías enteras de países en América Latina.
Desde el punto de vista político, la Alcaldía es el segundo puesto en importancia después del Presidente. Por eso, sabemos lo que significa exponer un modelo alternativo a la tradición política en Colombia. Hemos salido del palacio a gobernar en los barrios populares. Mi despacho está en la localidad más pobre de la ciudad. Confiamos en que el pueblo defienda al gobierno de la Bogotá humana.

¿Esa disputa con el alcalde contribuye o perjudica a las negociaciones de paz en Cuba?
Indudablemente tiene una relación positiva y negativa. El alcalde Petro es de izquierda, viene de levantamientos de armas, de hacer la paz, y no lo dejan gobernar. Es casi el mismo mensaje que creó el M19 el 19 de abril de 1970: no se puede gobernar en paz. Ese sería un mensaje negativo y tendría una incidencia negativa en el proceso. Pero también puede dejar un mensaje positivo: a pesar de todo este gobierno se mantuvo, desarrolló su programa en democracia, por lo tanto, es posible ganar el poder pacíficamente. Este es en sí mismo un mensaje de paz.   

Algunos consideran que el presidente Juan Manuel Santos depende mucho de lo que le pase a Petro, y viceversa. ¿Cómo mira usted esa paradoja política?     
Nos hemos ayudado, pero también tenemos distancias. Representamos proyectos diferentes. Mientras el Gobierno Nacional defiende el proyecto minero como  modelo de desarrollo, nosotros estamos deteniendo la minería. Aunque son dos maneras de pensar diferentes hemos buscado  puntos comunes de acuerdo. La paz es una, indudablemente. Dividir un eje entre el Gobierno Nacional y el Distrital podría destruir las posibilidades de paz y la extrema derecha podría arrasar con el proyecto político tanto nacional como distrital.

¿Cuánto contribuye una alcaldía de izquierda a consolidar esa tendencia en gobiernos locales de América Latina?
Depende mucho de los poderes locales que existen en los países. La mayoría de ciudades no tiene la misma autonomía y poder económico que Bogotá. La democracia se vive en el territorio y una experiencia de transformación no es posible sin el territorio. Los programas que aquí se han recogido son experiencias de gobiernos nacionales de izquierda, otras construidas por nosotros mismo o de vanguardias urbanísticas que hemos adaptado. Ese conjunto es una experiencia única como proyecto en Bogotá.