El gobierno de Colombia pretende comprar tierras a propietarios privados para redistribuirlas a los más necesitados al finalizar el conflicto armado de más de 50 años, que justamente tiene un origen rural, informó el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri.

"Vamos a comprar tierras a los privados para el posconflicto", dijo el titular de esa cartera en una entrevista publicada este domingo por el diario El Tiempo, al explicar en qué consiste un proyecto de reforma agraria que el Ejecutivo prepara para presentar al Congreso.

Iragorri afirmó que esta propuesta pretende, entre otros asuntos, trabajar "en el acceso a tierras", lo que incluye una creación de un "banco de tierras, con el que se le dará a la gente más necesitada" acceso a ellas.

Para alimentar esa reserva, el gobierno acudirá a "la recuperación de las tierras baldías", además de agilizar el proceso de restitución de tierras en curso para "recuperar más terrenos despojados", y la posibilidad de adquirir "predios privados para ser titulados y redistribuidos a los campesinos", agregó.

Según cifras oficiales, los terrenos baldíos llegan a un millón de hectáreas, que en varias ocasiones han sido ocupadas de forma ilegal.

Por otro lado, el gobierno adelanta un proceso de restitución de tierras para que miles de los más de seis millones de desplazados por el conflicto armado puedan retornar al lugar que les fue despojado en una conflagración en la que han participado guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, fuerzas militares y bandas narcotraficantes.

Otras tierras, "adquiridas con recursos provenientes del narcotráfico", también engrosarán el citado banco, que se estima tendrá más de dos millones de hectáreas, señaló Iragorri.

La administración del presidente Juan Manuel Santos sostiene, desde noviembre de 2012 en Cuba, negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), una guerrilla surgida en 1964 de una insurrección campesina.

En La Habana, las partes ya han llegado a acuerdos sobre desarrollo rural, la  futura participación política de los guerrilleros que dejen las armas y la solución al problema de las drogas ilícitas.
Iragorri espera que el plan de tierras comience a aplicarse este año en los 10 departamentos (sobre un total de 32) ya elegidos para implementarlo.

"No hablamos de expropiación, porque una prioridad (del gobierno) es la protección de la propiedad privada", aclaró. (I)