La Coordinadora 8 de Marzo, que aglutina a distintos grupos e instituciones de mujeres en Guatemala, ayer exigió  avances a las autoridades en el caso de la muerte de las 41 niñas y las otras 15 que resultaron heridas en el incendio del Hogar Seguro.

En una conferencia de prensa, a cuatro días que se cumpla el primer aniversario del trágico suceso, la Coordinadora pidió celeridad para el proceso penal que enfrentan el exsecretario de Bienestar Social de la Presidencia, Carlos Rodas; la exsubsecretaria de Bienestar Social, Anahí Keller; y el exsubdirector del Hogar Virgen de la Asunción, Santos Torres.

Ellos tienen programada la audiencia de ofrecimiento de pruebas en el juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, que preside el juez Pedro Rodolfo Lainez la semana del 19 al 23 de marzo, en una fecha aún por confirmar.

El colectivo dijo ayer que teme que exista “litigio malicioso” en el proceso, pues la última audiencia, celebrada el pasado 19 de febrero, fue pospuesta ante la imposibilidad de que acudiera una abogada de los querellantes en el proceso esa semana.

El 8 de marzo de 2017, un incendio cobró la vida de 41 niñas e hirió a otras 15 que se encontraban dentro del hogar estatal, luego de que las autoridades y personal del centro encerraran a las menores dentro de un aula, incluso durante los 9 minutos que duró el incendio.

Por este caso también está procesada y a la espera de saber si enfrentará o no juicio la jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Brenda Chaman Pacay; además, el jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación, Harold Flores; y la defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Gloria Castro.

Asimismo, constan los agentes Luis Armando Pérez, subcomisario de la Policía Nacional Civil, acusado de “abuso de autoridad y maltrato contra personas menores de edad”, y la subinspectora Lucinda Marroquín, sindicada de homicidio y maltrato contra personas menores de edad. (I)