La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios, está suspendida de facto en Argentina tras la intervención dispuesta por el gobierno liberal del presidente Mauricio Macri de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), un organismo autárquico que debe aplicar, interpretar y hacer cumplir esta norma aprobada en 2009 y declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia hace dos años.

“De hecho la ley está suspendida”, dice en entrevista con EL TELÉGRAFO Fernando Torrillate, el desplazado director nacional de Imagen y Comunicación de Afsca, cuyo extitular, Martín Sabbatella, tenía mandato hasta 2017 y estaba en medio de una disputa con el poderoso grupo mediático Clarín que resistía a su adecuación a la Ley de Medios a través de una serie de amparos ante la justicia.

La dirigencia desplazada -encabezada por Sabbatella- presentó una medida cautelar ante la justicia rechazando la intervención a cargo del legislador “macrista” Agustín Garzón. “Lamentablemente” el grupo Clarín está ganando la batalla, dijo Torrillate.

¿Cómo está la situación en la Afsca actualmente?

No podemos ingresar al edificio. Se montó una guardia de infantería muy grande que estuvo atravesada por dos líneas de infantería, una armada y otra con bastones.  
Lo que vivimos es una situación bastante patética. La intervención fue dispuesta por decreto por el cual se desplazaba el directorio plural del organismo integrado por representantes del oficialismo y la oposición, las minorías del Congreso, universidades y gobernaciones y se nombró a un interventor del PRO (Partido Propuesta Republicana, de Macri). El decreto interrumpe mandatos establecidos por ley en cuatro años, desacoplados dos años al mandato presidencial. Esto fue objetado por un amparo de Sabbatella ante el juzgado número 8 en lo contencioso y administrativo federal y por otra decena de amparos presentados en varias provincias. Pero de estos amparos no hay noticias. No es raro. La justicia es expeditiva con favores a grupos corporativos y bastante aletargada cuando se tratan de respetar derechos y mandatos constitucionales.

Pero además hubo una denuncia penal contra Sabbatella en la justicia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad…

Sí, la denuncia fue hecha por el fiscal Carlos Stornelli, amigo de Macri y su exjefe de seguridad de Boca Juniors cuando el actual jefe de Estado ocupó la presidencia del  club. El fiscal pidió desalojar al Afsca para proteger sus bienes y desplazar a sus funcionarios el jueves pasado, en Nochebuena.

¿Cuál es el objetivo de esta intervención?

Es claro. Macri tiene establecida hace años una alianza evidente con Héctor Magneto, el CEO de Clarín. El gobierno es la expresión de los poderes más concentrados, hegemónicos y especulativos de la economía argentina y ahora hay necesidad de cumplir con ese pacto para granjearse una cobertura mediática que le permita impulsar el resto de las políticas que lleva adelante a fuerza de decretos e infantería disponiendo un retroceso brutal de los derechos conseguidos en los últimos 12 años. Macri avanza violentamente sobre eso y lo  hace con la complicidad y beneplácito del grupo Clarín y en general de sus medios satélites.

¿La Ley de Medios está en peligro?

De hecho está suspendida. No es aplicada desde el punto de vista político el interés es no aplicar la ley. La objetaron siempre de punta  a punta e intentaron que no saliera. No comparten el espíritu de promoción de nuevas voces que no están disciplinadas al poder hegemónico, como las universidades y sindicatos, y tampoco el aspecto antimonopólico que les pone límites. El ministro (de Telecomunicaciones Oscar) Auad dijo que los medios deben competir libremente. Eso es la ley de la selva en Argentina y en todos los lugares del mundo. ¿Cómo compite una cooperativa en igualdad de condiciones con el grupo Clarín que tiene 240 licencias de televisión por cable cuando su permiso es de un máximo de 24?

¿La objeción se basa solo en la negativa a desinvertir o parte de cuestiones más sencillas?

Ellos se manifestaron en contra de los artículos que los obliga a desinvertir. Pero también en contra de los límites en espacios publicitarios o cosas más simples. La ley obliga a las licenciatarias de TV a tener un porcentaje de producción nacional e independiente, lo que fomenta la producción local. Si aplicas la lógica del libre mercado, obviamente no les va a convenir la producción local porque es más cara. Les conviene comprar producciones enlatadas en el exterior. Y esto atenta contra el espíritu de la ley. Nosotros invertimos 200 millones de pesos (unos $ 14 millones) en el fondo de medios de comunicación audiovisual para radios comunitarias, de pueblos originarios y zonas de frontera con la compra de equipos, para ayudarlos a crecer. En su lógica mercantil eso no entra. El dinero iría hacia otro lado.

El gobierno de Macri afirma que el kirchnerismo midió con distinta vara la adecuación a la ley impuesta a Clarín, fuertemente opositor a la expresidenta Cristina Fernández, favoreciendo a otros grupos, como Telefé, más cercano a la anterior administración e incluso violando la Ley de Medios…

Eso es falso. Las distintas adecuaciones fueron claras y discutidas y en ningún caso judicializadas. En ningún caso se objetaron las adecuaciones. Todo eso tuvo grandes denuncias públicas, pero nada probado a nivel judicial.

¿El grupo Clarín está ganando la batalla?

Sí, lamentablemente. Clarín empezó a ganar la pelea con claridad con la anuencia de algunos jueces que por temor a ser lastimados por el grupo o por complicidad, han actuado con genuflexión a la posición de Clarín. Y la terminó de ganar con el triunfo de Macri (en el balotaje del 22 de noviembre).

¿La adecuación de Clarín a la ley quedó en la nada?

Hoy no existe una adecuación de oficio porque hubo dos medidas de Clarín contra esa adecuación. Primero Clarín presentó una adecuación voluntaria y la aceptamos. Era una división en seis unidades de negocios independientes entre sí y fue aceptada por el directorio de Afsca. Después trajeron los nombres de los socios y nos dimos cuenta de que no estaba dada la condición básica de ser independientes entre sí. Los nombres de los distintos titulares mantenían vínculos societarios en Estados Unidos, Panamá, Nueva Zelanda y Argentina... Se detectó esa trampa y fuimos a un proceso de adecuación de oficio. Pero se presentaron dos observaciones judiciales, una de Clarín y otra de las espadas periodísticas del grupo (que denunciaron “un acto de censura indirecta”). La justicia les dio la razón a estos periodistas y se dio de baja a la adecuación de oficio, entonces Afsca apeló la resolución.

Parece un cuento de nunca acabar para una ley aprobada en el Congreso en 2009…

Sí, es que hoy en Argentina hay una alianza estratégica y dura entre parte del Poder Judicial, grupos hegemónicos mediáticos, grupos económicos y el poder político. Son las cuatro patas de una misma mesa que conforman un poder difícil de desbaratar.

¿El futuro es oscuro?

Por suerte estos 12 años de gobierno kirchnerista empoderaron al pueblo y hoy encontramos una resistencia inédita a las medidas que se llevan adelante. Confiamos que esa militancia orgánica y también la inorgánica del kirchnerismo más silvestre no les hará las cosas fáciles al Gobierno Nacional. Pero el futuro sí es negro cuando el otro te ejerce el poder del Estado y no tiene límites. Argentina, en estas últimas semanas, dio vuelta la página y se puso negra en todos los sentidos. (I)

DATOS

La Ley de Medios o Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue un logro de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue promulgada el 10 de octubre de 2009 en reemplazo de la Ley de Radiodifusión 22.285, establecida en 1980 por la dictadura militar y vigente desde entonces.

La legislación fue debatida un año en más de 20 foros y reuniones que se desarrollaron en el territorio argentino.

El 23 de diciembre el Gobierno del recién electo presidente, Mauricio Macri, intervino durante 180 días la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Afstic), 2 entes que regulan las telecomunicaciones y los medios audiovisuales del país suramericano. Con lo cual la Ley de Medios también quedó suspendida.