El Clan del Golfo, principal banda criminal de Colombia, está reclutando disidentes de la guerrilla de las FARC, que firmó un acuerdo de paz con el Gobierno, para apropiarse del narcotráfico y la minería ilegal en el noroeste del país, informó este miércoles el fiscal general.

"El Clan del Golfo está tratando de reclutar a disidentes de las FARC con unos salarios de 1.800.000 pesos (unos 614 dólares) en la zona de Ituango, en el norte de Antioquia. Eso está alimentando las disidencias de las FARC", dijo Néstor Humberto Martínez a periodistas.

El fiscal sostuvo que "hay una expansión inusitada del Clan del Golfo" por la movilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), que se preparan para el desarme y la reincorporación a la vida civil en 26 zonas en todo el país, bajo supervisión de la ONU en el marco del pacto de paz firmado en noviembre.

Según Martínez, esta organización criminal busca apoderarse del negocio del narcotráfico y de la minería ilegal en el departamento de Antioquia y en el sur de Córdoba.

"El Estado debe actuar mucho más rápidamente", agregó.

El Gobierno, que ha estimado que el 5% de las FARC no se acogerá al proceso de paz y se volcará a la delincuencia, ha reiterado que las disidencias de la guerrilla no podrán acceder a los tratamientos penales especiales previstos en el acuerdo de paz.

Por su parte las FARC -que según estimaciones propias cuenta con unos 5.800 combatientes- han dicho que los miembros que se opongan al convenio para superar medio siglo de conflicto armado serán expulsados de la organización.

El Clan del Golfo, anteriormente llamado Los Urabeños, tiene sus orígenes en disidentes de grupos paramilitares que se desmovilizaron masivamente entre 2003 y 2006.

Según las autoridades, esta banda se dedica principalmente al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el tráfico de personas, entre otros delitos.

El conflicto armado colombiano ha involucrado a guerrillas de izquierda, de las que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es la última activa, así como a paramilitares de extrema derecha y agentes estatales, con saldo de 260.000 muertos, 6,9 millones de desplazados y unos 60.000 desaparecidos. (I)