A pocas horas de que se instale la mesa de diálogo de paz entre el Gobierno de Colombia y los miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los representantes de la sociedad civil colombiana insisten en que se tomen en cuenta sus planteamientos.

La politóloga Laura Suárez, representante del Colectivo Voces para la Paz, considera que las víctimas de los conflictos armados tienen que ser tomadas en cuenta ya que son protagonistas de este momento histórico.

"Las víctimas deben ser consideradas como un punto central de todo proceso de paz", reiteró. Indicó que las organizaciones insisten que tanto el Gobierno colombiano y el ecuatoriano escuchen sus propuestas, puesto sus planteamientos no fueron tomados en cuenta en el proceso de paz con las FARC.

El colectivo se constituyó tras el proceso de paz con las FARC y también se activó en esta negociación. Su vocera reconoció que en la actualidad hay programas de reparación de las víctimas, pero son bastante frágiles y poco efectivos.

Recordó que el Gobierno ecuatoriano abrió las puertas a los refugiados. Sin embargo las iniciativas de instituciones tanto colombianas como ecuatorianas no son suficientes para este este grupo humano. De ahí que hay asociaciones de refugiados y colectivos que trabajan con estas personas y tampoco son suficientes.

La politóloga señaló que existe un subregistro de las colombianos perjudicados por los conflictos armados. Según la Unidad para las Víctimas, el último censo reportó 7 millones de personas que se enlistaron en el Registro Único de Víctimas (RUV), pero no se toma en cuenta a quienes se encuentran fuera del país y están a la espera de una aprobación de refugio.

Solo en el Ecuador hay más de 69 mil refugiados reconocidos por el Gobierno. Sin embargo, Suárez estimó que hay alrededor de 130 mil solicitudes pendientes. A eso se suman todas las personas que entran de manera irregular y que ignoran los procedimientos que tienen que cumplir para una estadía regular en el país.

La experta indicó que existirían subregistros académicos que estiman que hay entre 250 mil y 300 mil que viven en situaciones de vulnerabilidad porque no tienen documentos y mucho menos asistencia psico-social.

"Todos estos problemas que afecten a los ciudadanos son lo que debe constar en la mesa de diálogos", reiteró.

Luz Eugenia Monroy, presidenta de la Asociación de Damas Colombianas, señaló que con este acuerdo un gran número de desplazados espera regresar a su país y alcanzar una restitución de los bienes que perdieron al abandonar su país. Añadió que se deben realizar estudios para determinar una cifra de las personas afectados por estos conflictos de guerra.

Estas inquietudes no son aisladas. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se reunieron varias organizaciones sociales para reiterar que serán vigilantes de que se cumplan los acuerdos en las mesas de diálogo.

Robinson Emilio Mazo, originario del Valle del Cauca (Cali), reiteró que la delegación de la Asociación de Campesinas de Lluvia y de las organizaciones de pensionados colombianos se encargarán de dar seguimiento a estos diálogos.

"Venimos a plantear unas propuestas de participación y de desarrollo para nuestro pueblo y nuestras comunidades".

Gustavo Muñoz, concejal del Municipio de Bolívar del Departamento del Cauca, recordó que el territorio al que pertenece fue uno de los sectores más atacados por el conflicto en donde hubo la mayor cantidad de víctimas.

Aún así está convencido de que se puede llegar a un ambiente de diálogo. Mencionó que en 1993 este territorio recibió un reconocimiento por sus iniciativas de convivencia en paz.

Maricela Londoño, habitante de Bogotá, también espera que haya negociaciones efectivas. Y advirtió que hay buena voluntad por parte del grupo ELN. "Estamos esperando la respuesta del Gobierno colombiano frente a la participación de la sociedad colombiana". (I)