La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes 6 de diciembre 2019 su "condena al uso excesivo de la fuerza" y los graves desmanes durante las protestas sociales en Chile y subrayó su preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos.

En un comunicado, la CIDH pidió, además, a las autoridades chilenas que ordenen "el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado".

El organismo recordó que la actuación de los Carabineros (Policía Militarizada) de Chile en el mantenimiento del orden público debe estar en "estricto apego" a los estándares internacionales de derechos humanos que rigen el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad.

Asimismo, la CIDH expresó su preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos que han recibido los órganos del Estado desde el inicio de las manifestaciones. Y expresó su condena por "el uso excesivo de la fuerza" que, según asegura, ha dejado 26 muertos, de los que al menos 5 fallecieron por "acción directa" de agentes y 2 bajo custodia del Estado en comisarías de Carabineros.

La CIDH también ha recibido denuncias sobre hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de las detenciones. Específicamente, la comisión expresó "extrema preocupación" por el elevado número de personas que han sufrido traumas oculares como resultado de los perdigones y balines de goma usados por los Carabineros de Chile.

Según datos del Ministerio de Salud de Chile, hasta el 18 de noviembre, las acciones de los Carabineros ha ocasionado más de 200 lesionados oculares, de los que muchos han quedado ciegos.

Chile vive desde el 18 de octubre el estallido social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Lo que empezó siendo un llamamiento de los estudiantes chilenos a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta social en la que se clama por un modelo económico más justo y que carece de líderes identificables.

Las marchas, que comenzaron siendo multitudinarias, han ido perdiendo fuerza, aunque sigue existiendo descontento en las calles y episodios de extrema violencia (saqueos, incendios y destrucción de mobiliario público), pese a las tímidas medidas sociales anunciadas por el Gobierno al inicio de la crisis y al histórico acuerdo parlamentario para cambiar la Constitución. (I)