El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, consideró "inaceptables" las "actitudes represivas y autoritarias" que se produjeron este domingo 14 de octubre en Nicaragua, donde hubo más arrestos antes de una protesta contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

"Inaceptables actitudes represivas y autoritarias en este momento en Nicaragua. Estado de Excepción se va consolidando con medidas estatales incompatibles con la democracia y los derechos humanos", dijo Abrão en Twitter.

El titular de la CIDH ya había advertido anteriormente de la existencia de una "nueva etapa" de la represión en Nicaragua con restricciones de derechos que apuntan a la implementación de un "estado de excepción" que sustituye al Estado de Derecho.

En otro mensaje de Twitter, la Comisión expresó "profunda preocupación" por las detenciones que se produjeron antes de una nueva protesta contra Ortega, cuyo Gobierno decretó el pasado 28 de septiembre ilegales las manifestaciones públicas que no cuenten con el permiso de las autoridades.

La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), reiteró que "la protesta social es un derecho legítimo de los ciudadanos" e instó al Estado nicaragüense "a respetarlo y garantizar la seguridad de las personas en contextos de manifestaciones públicas de protesta".

Azahalea Solís, líder de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo a la prensa en Managua que, al menos, 15 personas han sido detenidas.

Antes del inicio de la protesta, se registraron episodios de violencia en la zona sureste de Managua cuando agentes de la Policía lanzaron bombas de sonido contra un grupo de personas que aparentemente estaban a la espera de sumarse a la marcha antigubernamental, según constató Efe.

La protesta se enmarca en la crisis sociopolítica que comenzó en abril pasado y que ha dejado, según organizaciones humanitarias locales e internacionales, entre 322 y 512 muertos, mientras que el Ejecutivo cifra los fallecidos en 199 fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide su renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción. (I)