Miles de personas copaban la céntrica Plaza Italia de Santiago de Chile ayer, en la mayor manifestación popular desde el inicio de las protestas por el alza del pasaje del metro que derivaron en un estallido social contra el gobierno de Sebastián Piñera.

Similares protestas se registraron en Concepción y en Valparaíso, donde hubo enfrentamientos entre manifestantes y carabineros.  Además, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el principal sindicato chileno, convocó a una huelga general para mañana.

El 6 de octubre, el Metro de Santiago, una empresa privada en cuya propiedad participa el Estado chileno, aumentó en 30 pesos el precio del pasaje y lo situó en 830 pesos ($ 1,2).

El Senado de Chile anuló ayer por unanimidad la subida del pasaje, tras su aprobación el domingo por la Cámara de Diputados, con lo cual quedó para su promulgación como ley.

Sin embargo, la protesta se extiende a diferentes ciudades y tiene a la capital y a cuatro regiones bajo control militar, después de decretarse el estado de emergencia.

El presidente Piñera aseguró el domingo que su país está “en guerra contra un enemigo poderoso”, en referencia a los violentos que han destruido buena parte de la red de metro de Santiago, saqueado supermercados y locales comerciales o incendiado decenas de autobuses, instalando un estado de caos en diferentes lugares del país.

Su mensaje generó una ola de críticas por poner el foco en los destrozos sin responder al llamado ciudadano. Lo que comenzó como una protesta estudiantil en contra del alza al pasaje de metro detonó un malestar más profundo ante el encarecimiento del costo de vida y la indiferencia de la clase política a las demandas por derechos sociales.

Los habitantes de la capital intentan retomar la rutina, en medio de una tensión latente con los servicios de transportes y comercio restringidos, con calles en que se veían los vestigios de las barricadas y ante la vigilancia de unos 8.000 soldados.

La jefa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, llamó al diálogo y a investigar de forma independiente las 11 muertes y las denuncias de abusos policiales.