El mexicano Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, alcanzó notoriedad como capo de la droga. Sus espectaculares escapes de dos prisiones de máxima seguridad alimentaron su leyenda de hombre intocable que dirigía uno de los grupos de narcotráfico más grande del mundo: el cartel de Sinaloa.

Durante 13 años evadió la persecución no solo del Gobierno mexicano, sino también de las agencias de Estados Unidos, ya que tenía  juicios pendientes en cortes federales por su participación en el tráfico internacional de drogas.

La carrera de Guzmán al frente de uno de los carteles más poderosos de América llegó a su fin después de que México aceptó extraditarlo a EE.UU. en enero de 2017.

Guzmán fue declarado culpable de 11 cargos el 12 de febrero después de un juicio de tres meses que detallaba su ascenso como criminal en su país, donde el cartel de Sinaloa movió millones de dólares en heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana, de México a Estados Unidos.

Ayer fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años adicionales de prisión por el juez Brian Cogan en una corte federal en Brooklyn, Nueva York.

Al condenarlo a pasar el resto de su vida en prisión, el juez Cogan dijo que la ley no le otorgaba ninguna discreción para imponer una sentencia más leve, y que el narcotraficante no merecía clemencia. “La abrumadora maldad” de sus crímenes es evidente, acotó. La defensa del capo prepara la apelación. 

El Gobierno estadounidense solicitó, además, poder recuperar $ 12.666 millones por los beneficios ilícitos que “El Chapo” obtuvo por el narcotráfico. El cálculo corresponde a las cantidades de droga sobre las que el jurado apoyó su veredicto a partir de las pruebas presentadas por la acusación y los testimonios de 14 testigos cooperantes, como sus exsocios Carlos “Chupeta” Ramírez, Jorge Cifuentes y los hermanos Flores.

Se lo acusa de traficar o intentar traficar 1.213 toneladas de drogas a Estados Unidos durante 30 años, así como 1,44 toneladas de base de cocaína, 222 kilogramos de heroína, casi 50 toneladas de marihuana y “cantidades” de metanfetaminas.

Antes de que se impusiera la sentencia, Guzmán, de 62 años, se volvió para mirar a su mujer, Emma Coronel, en la sala de audiencias. Le lanzó un beso, se llevó la mano derecha al pecho y luego denunció su tratamiento.

“El Gobierno de Estados Unidos me enviará a una prisión donde nunca volverán a escuchar mi nombre. Aprovecharé esta oportunidad para decir que aquí no hubo justicia”.

“Me he visto obligado a beber agua no higiénica, se me negó la luz del sol y el aire fresco”, continuó.

Los fiscales enfatizaron algunos de los cargos más graves contra él, al presentar evidencia de que causó la muerte de decenas de personas para protegerse a sí mismo y sus rutas de tráfico. Lo calificaron como un “líder despiadado y sediento de sangre”.

El caso reveló detalles del funcionamiento del cartel de Sinaloa; por ejemplo: cómo utilizó consultores en informática y cómo empacaba su cocaína en condones.

“Es justicia no solo para el Gobierno mexicano, sino para todas las víctimas de Guzmán en México”, dijo Raymond P. Donovan, agente a cargo de la oficina en Nueva York de la Administración de Control de Drogas (DEA), que fue vital para capturar dos veces a “El Chapo”.

Ángel Meléndez, agente especial a cargo del caso, comentó que “con la sentencia se separa el mito de ‘El Chapo’ del hombre, Joaquín Guzmán, y para el hombre es el final de la cuerda, es una realidad de la cual no se podrá escapar”.

Al decapitar al grupo del crimen organizado más poderoso de México, el Departamento de Justicia de EE.UU. logró una victoria en su batalla contra los carteles. Sin embargo, esas organizaciones   demostraron ser resistentes al arresto de sus líderes, y los agentes de seguridad de Estados Unidos dicen que la corrupción dentro del Gobierno mexicano es un obstáculo preocupante. (I)