CE insiste en que tratado antipiratería ACTA se ajusta a ley europea

La Comisión Europea (CE) ha recalcado este lunes que el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA), que han negociado los países industrializados, se acoge a las normas de la Unión Europea (UE) y no socavará los derechos de sus ciudadanos.

Este acuerdo internacional pretende proteger los derechos de propiedad intelectual en sectores tan diversos como el automovilístico, el diseño, la moda, las indicaciones geográficas, la música o el cine, y en diversos medios, incluido el digital.

A su vez, ha sido muy criticado desde varios sectores, en especial por los internautas, que consideran que el texto ha sido negociado por los gobiernos sin tener en cuenta otras opiniones, como la del Parlamento Europeo, y que temen que imponga restricciones a las libertades fundamentales.

El portavoz comunitario de Comercio, John Clancy, señaló hoy en un comunicado que los 27 países de la UE han seguido las negociaciones, y que, de hecho, "sólo" los gobiernos podían pronunciarse sobre las implicaciones penales del mismo.

En referencia a las manifestaciones populares que han arreciado en los últimos días contra la entrada en vigor del tratado, Clancy manifestó que la CE "celebra el debate" impulsado en Europa sobre ACTA, y destacó la importancia de proteger la propiedad intelectual como "piedra angular de las economías, puestos de trabajo y prosperidad" de la UE en los próximos años.

"No se cambiará nada de lo que consideramos legal o ilegal", declararon por su parte otras fuentes comunitarias, que insistieron en que "nada cambiará para los consumidores europeos".

Resaltaron que la UE cuenta con unos estándares en materia de protección de propiedad intelectual "de los más altos del mundo", por lo que éstos no serán modificados sino "exportados" a otros países firmantes.

"La UE no tendrá que cambiar en nada sus normas, pero otros países quizá sí", aseguraron las fuentes, que apuntaron que la directiva comunitaria sobre comercio electrónico de 2000 seguirá en plena vigencia.

En concreto, recordaron que el artículo 27 de ACTA, sobre los procedimientos y sanciones penales, "no aporta nada nuevo" al artículo 52 de dicha directiva, que hace referencia al acceso a los "recursos judiciales pertinentes".

Además de la UE y sus 27 estados, también han negociado el texto Estados Unidos, Canadá, México, Suiza, Marruecos, Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia y Nueva Zelanda; todos ellos representan la mitad del mercado mundial.

Para que el tratado entre en vigor, lo tienen que haber ratificado, al menos, seis países.

La UE está representada como bloque, y sus 27 países sólo podrán aplicar el acuerdo si es aceptado unánimemente; en ningún caso podrá aplicarse en unos Estados miembros sí y en otros no.

Al tratarse de un acuerdo que incluye alusiones a sanciones penales, los Estados miembros deberán pronunciarse individualmente según dicte su normativa nacional, en la mayoría de los casos sometiendo el texto a examen en sus respectivos parlamentos.

Un total de 22 de los 27 países comunitarios -entre ellos España- ya ha firmado el texto -el paso previo a pasar a tramitarlo a nivel nacional-, en tanto que otros como Alemania o Polonia -que ha solicitado más tiempo para estudiarlo a fondo- aún no han cumplido esa etapa.

El Parlamento Europeo prepara ya su posición sobre ACTA, que será votada primero en la comisión de Comercio Internacional y, después, en sesión plenaria, justo antes del parón estival o bien ya en septiembre, según fuentes europeas.