Es una región sin ley, en manos de guerrillas que pelean a muerte el control del territorio, limítrofe con Venezuela, que ocupa el segundo lugar en siembra de coca de Colombia, con 28.000 hectáreas. Pero más que los combatientes, son los civiles los que sufren los embates de la guerra entre antiguos aliados.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) desde 2018, y ahora también las disidencias del Frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), convirtieron los 11 municipios del Catatumbo, departamento de norte de Santander, en su escenario de operaciones.

Para confrontarlos, el Estado aumentó su fuerza en 5.600 nuevos efectivos, pero no son la solución para superar la crisis profunda que vive la zona, agravada por la masiva llegada de emigrantes venezolanos, también víctimas del fuego cruzado.

Son conclusiones del informe que Human Rights Watch presentó en Bogotá sobre una de las áreas más conflictivas de Colombia, donde viven 300.000 habitantes locales, además de 25.000 venezolanos.

“Los grupos armados cometieron numerosos abusos contra civiles, incluidos asesinatos, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento infantil y desplazamiento forzado. También plantaron minas antipersonales e intentado controlar a la población por medio de amenazas, incluso contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos”, afirma el estudio titulado “La guerra del Catatumbo. Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noroeste de Colombia”.

Aunque no todos los crímenes tienen relación directa con el conflicto entre las guerrillas, la tasa anual de homicidios es “de casi 79 por cada 100.000 habitantes, aproximadamente tres veces la nacional”. “El año pasado asesinaron a 231 individuos y datos preliminares indican que de enero a junio de 2019 van 114”, afirma el documento.

Entre los fallecidos, cabe anotar 14 defensores de derechos humanos y líderes sociales desde 2017. Rechazar los cultivos de coca o manifestar lo que sea en contra de los grupos armados, supone recibir amenazas, emprender el éxodo o morir acribillado a balazos. “Catatumbo es una de las regiones más peligrosas de Colombia para quienes se atreven a alzar la voz en nombre de sus comunidades”, indica el informe.

A las cifras anteriores habría que agregar los 189 procesos sobre desapariciones forzadas desde 2017 que llevan los fiscales. Tenerlos en sus despachos no significa que los resuelvan. La falta de justicia es otro mal que aborda HRW.

“Una falencia clave es el escaso número de funcionarios en el Catatumbo encargados de investigar y procesar delitos. Asimismo, los riesgos imposibilitan que los fiscales e investigadores visiten zonas rurales y obtengan declaraciones de testigos y familiares de víctimas, quienes además temen sufrir represalias por colaborar”, puntualiza la ONG.

El informe menciona el reclutamiento de niños, incluso desde los 12 años. “En ocasiones, los niños y niñas son forzados a sumarse a un grupo armado después de que miembros del grupo amenazan con matarlos a ellos o a sus familias. También les prometen dinero”.

Después de conocer el informe, el presidente Iván Duque se reunió este viernes con los alcaldes de la zona del Catatumbo, quienes insistieron en las necesidades que enfrentan para cultivar los productos tradicionales y la competencia desleal, todo aquello sumado a la presencia de grupos armados. (I)