Los casos de esterilizaciones forzosas practicadas a miles de mujeres peruanas durante el mandato de Alberto Fujimori (1990-2000) siguen abiertos en los fueros judiciales internacionales, recordaron hoy varias organizaciones feministas, apoyadas por una de las afectadas.

Cuatro asociaciones feministas convocaron este miércoles una conferencia de prensa tras unas declaraciones de Rafael Rey, aspirante a la vicepresidencia con la candidata presidencial Keiko Fujimori, en las que afirmó que las esterilizaciones no se produjeron "contra" la voluntad de las mujeres sino "sin su consentimiento".

María Ysabel Cedano, de la organización Demus, explicó que en 2010, y después de que la Fiscalía peruana archivara definitivamente 2.074 denuncias, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una nueva petición de dos casos de mujeres sometidas a esterilizaciones sin ser informadas previamente de esta práctica quirúrgica.

"La lucha por la justicia de las mujeres desde hace más de diez años todavía no está cerrada", afirmó Cedano, quien recordó que la Fiscalía archivó las denuncias en su momento por considerar los casos delitos comunes (y no de lesa humanidad) ya prescritos.

Cedano se refirió a otro caso anterior, el de una mujer de la sierra andina fallecida tras ser esterilizada forzosamente, también presentado ante la CIDH, y recordó que, con la mediación de la Comisión, el Estado peruano y familiares de la afectada llegaron a un acuerdo amistoso en 2003.

Mediante ese acuerdo, el Estado peruano reconoció su responsabilidad en la violación de los derechos de la fallecida Mamérita Mestanza, además de comprometerse a adoptar medidas de reparación en beneficio de las víctimas, investigar y sancionar a los responsables en el fuero común, dijo.

Por su parte, María Jennie Dador, del Movimiento Manuela Ramos, negó que las esterilizaciones durante el régimen de Alberto Fujimori fueran casos aislados y respondieran a la mala praxis individual de algunos médicos, tal como dijo ayer Alejadro Aguinaga, ministro de Salud en aquella época y hoy en el equipo de Keiko Fujimori.

Dador insistió en que las esterilizaciones constituyeron un "programa de Estado" para erradicar la pobreza en el país, una afirmación que respaldó con documentación.

"Fue una vulneración de los derechos humanos que costó la vida a algunas mujeres" (al menos 18 nombres documentados), denunció Dador, quien también lamentó la "política discriminatoria" del Estado al intervenir quirúrgicamente a mujeres pobres y residentes en lugares aislados.

Estas organizaciones feministas esperan que la CIDH admita a trámite la nueva petición y se pronuncie favorablemente a los dos casos para que, a partir de ahí, el Estado peruano realice una nueva investigación fiscal y sea el Poder Judicial peruano emita finalmente una sentencia.

El Ministerio de Salud documentó 200.000 esterilizaciones entre 1996 y 1997, y hay, además, 18 casos documentados de prácticas quirúrgicas mortales, señalaron las activistas.

Las representantes del Movimiento Manuela Ramos y Demus estuvieron acompañadas en la conferencia de prensa por una de las afectadas e integrantes del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Perú (Cladem) y del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.

Las prácticas de control de natalidad durante el Gobierno de Alberto Fujimori se ha convertido en los últimos días en una de las principales acusaciones que recaen sobre la hija del expresidente, Keiko Fujimori.

Keiko disputará la presidencia del país el próximo domingo 5 de junio con el candidato nacionalista Ollanta Humala, y los últimos sondeos arrojan un virtual empate entre ambos candidatos.