La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en México, cumplió ayer cinco años. Sin embargo, las investigaciones se iniciaron desde cero luego de que la versión oficial del anterior gobierno de Enrique Peña Nieto quedó desacreditada, después de la liberación de decenas de presuntos responsables.

Andrés Manuel López Obrador anunció el compromiso de encontrar a los culpables hace un año, cuando asumió la presidencia de México, pero recién la promesa se materializa. Esta semana comenzó la excavación en un basurero inexplorado hasta ahora cerca de Iguala para encontrar indicios de los jóvenes.

Para los expertos las indagaciones aún afrontan enormes retos.

“-Este caso- mostró con toda su crudeza la realidad apabullante de las desapariciones forzadas en México”, contó Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y asesor de las familias.

Acuciado por la impopularidad, Peña Nieto dejó la presidencia en diciembre del año pasado y hasta su último día de mandato el ejecutivo que encabezaba defendió la versión oficial de su gobierno, conocida como “verdad histórica”, sobre la tragedia sucedida la noche del 26 de septiembre de 2014.

La investigación gubernamental concluyó que policías corruptos arrestaron en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, a los 43 jóvenes, que estudiaban magisterio en la escuela normal rural -que forma a maestros- de Ayotzinapa, y los entregaron al grupo Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula al confundirlos por miembros de un cartel rival.

Pero una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) indican que los cuerpos de los 43 no pudieron ser quemados en ese lugar.

“Concluyeron que la teoría oficial del caso no tenía  como soporte suficientes pruebas científicas”, recordó Aguirre. (I)