Casi el 40% de las más de 11.000 víctimas de minas antipersona en Colombia, el segundo país del mundo más afectado por este flagelo por detrás de Afganistán, son civiles, entre ellos 1.142 menores de edad, según revela un informe oficial.

Desde 1990 y hasta el 31 de marzo de 2017 se registraron 11.481 víctimas de minas antipersonal (MAP) y Remanentes Explosivos de Guerra (REG), de las cuales 4.425 son civiles, según un reporte del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) al que tuvo acceso la AFP y que se presentará el miércoles en Bogotá.

De los civiles afectados, cerca del 30% son menores de 18 años y 25% erradicadores manuales de cultivos ilícitos, reza el informe titulado "La guerra escondida. Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos en Colombia".

"Las afectaciones en niños y adolescentes son muy importantes en sus cuerpos y requieren una actuación médica inmediata y costosa", dijo a la AFP la investigadora del CNMH María Elisa Pinto.
Además, del total general de víctimas, 7.028 son miembros de la fuerza pública, agrega el documento, el primero realizado en el país con "perspectiva de memoria histórica".

Alrededor del 20% de las víctimas falleció por causa de las explosiones y el 98% de las explosiones ocurrió en zonas rurales, añade.

Las principales responsables de la instalación de estos artefactos, según la investigación, son las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), que firmaron un histórico acuerdo de paz en noviembre, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), que negocia con el gobierno el fin de medio siglo de conflicto armado.

Durante 52 años, Colombia ha vivido una guerra fratricida que ha enfrentado a guerrillas, paramilitares y agentes estatales, con saldo de 220.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.
"No ha sido aleatorio el empleo de MAP en el país por parte de las guerrillas, sino que ha respondido a una estrategia de combate y a una lógica de control territorial y poblacional por parte de estos grupos, produciendo, no obstante, un efecto indiscriminado sobre la población civil", explica el reporte.

Con la instalación de estos explosivos, los rebeldes buscan proteger zonas históricas, sus retaguardias, cultivos ilícitos, activos estratégicos o causar daño físico y psicológico al adversario, agrega el informe. (I)