El Gobierno de Venezuela rechazó el boicot económico y “la campaña mediática de la derecha internacional” contra la soberanía y el orden democrático de la nación suramericana. Luego de que el máximo tribunal asumiera las competencias del Parlamento de amplia mayoría opositora.

“Es falso que se haya consumado un golpe de Estado en Venezuela. Por el contrario, sus instituciones han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentarios opositores declarados abiertamente en desacato a las decisiones” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señaló la Cancillería ayer en un comunicado en su portal web.

El texto rechazó la ola de condenas internacionales a la sentencia del TSJ que han desatado, según el comunicado, a una histérica campaña contra Venezuela, ante el fracaso de las intenciones por inmiscuirse en los asuntos internos.

Estados Unidos, la Unión Europea y una decena de países latinoamericanos, junto con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, rechazaron el jueves “la ruptura del orden constitucional” en Venezuela.

Además, ayer Almagro solicitó  formalmente al Consejo Permanente de la OEA convocar una sesión urgente para evaluar la crisis política en ese país.

A su vez, la cancillería venezolana anunció que ejercerá “las acciones políticas y diplomáticas que brinda el Derecho Internacional y nuestro orden jurídico” para “evitar la materialización de planes contra la estabilidad y la paz” en el país petrolero. Tras conocer que la oposición planea manifestaciones para hoy.

La Corte alega que el Parlamento está en desacato por haber juramentado en 2016 a Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, candidatos a diputados por el estado Amazonas cuya elección invalidó una orden del TSJ, debido a irregularidades en esa entidad federal durante los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015.

La medida del Gobierno venezolano también tiene un trasfondo económico. Se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la creación de empresas mixtas en el sector petrolero.

Según la Constitución, el gobierno no puede firmar contratos de interés público con Estados o empresas públicas y privadas extranjeras, ‘sin la aprobación de la Asamblea Nacional’. Pero al declarar ‘omisión legislativa’, la Corte indicó que no existe “impedimento alguno” para que el Ejecutivo conforme compañías sin pasar por una votación de los diputados.

Esto resulta clave para el gobierno, que busca solucionar la crisis económica tras la devaluación del hidrocarburo.

No obstante, la decisión del máximo tribunal venezolano de adjudicarse las funciones del Parlamento, abrió ayer una grieta en el chavismo luego de que la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al gobierno, denunciara una “ruptura del orden constitucional”.

En un sorpresivo giro, Ortega rechazó dos sentencias con las cuales el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojó esta semana al Legislativo de sus competencias y a los diputados de inmunidad.

El Mercosur se reunirá

Ayer transcendió que Argentina convocó para hoy una reunión urgente de cancilleres de los países fundadores del Mercado Común del Sur (Mercosur) para analizar la “grave situación institucional”.

Los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay -los países fundadores del Mercosur- suspendieron a Venezuela como Estado miembro del organismo el pasado 1 de diciembre, acusado de incumplir sus compromisos comerciales y políticas con el bloque, lo que Caracas niega.

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, también pidió ayer al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que “reconsidere su decisión”.

Aunque la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, condenó abiertamente cualquier situación que “altere el orden democrático” en Venezuela, su homólogo boliviano, Evo Morales,  expresó  su “incondicional apoyo” a Caracas y denunció una injerencia internacional que pretende desestabilizar al presidente Nicolás Maduro.

En Colombia, el mandatario, Juan Manuel Santos, calificó ayer de “inaceptable” la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, mientras que su canciller  María Ángela Holguín llamó a su embajador en Venezuela, Ricardo Lozano, para presentar informes.

La canciller colombiana aseguró que después de escuchar a Lozano  no lo van a retirar debido a los miles de colombianos que viven en la vecina nación y “a los cuales hay que responderles”.

Una postura contraria a la de Perú, donde su presidente Pedro Pablo Kuczynski retiró de forma definitiva a su embajador en Caracas, Mario López Chávarri.

En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México calificó a la medida como un ataque democrático y reiteró el llamado a que Venezuela libere a los presos políticos y tenga un calendario electoral. (I)

---------------

Guillaume Long: Ecuador no es Venezuela

El Gobierno ecuatoriano reiteró ayer su llamado al diálogo, con mediación de la Unasur, como el mecanismo adecuado para solucionar los problemas entre el Gobierno de Venezuela y la oposición.

“Ante los hechos suscitados en Venezuela, que evidencian una profunda fractura entre el gobierno y la oposición y un impasse entre poderes del Estado, el Gobierno del Ecuador reiteró su posición a favor del diálogo”, señala un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El canciller Guillaume Long consideró que “hay una grave situación de  enfrentamientos entre los poderes del Estado”, y expresó su aspiración “de que se resuelva lo más pronto posible en aras de una normalización institucional”.

Asimismo, lamentó que sectores de la oposición ecuatorianos pretendan vincular el caso de Venezuela con las elecciones que este domingo celebrará Ecuador.

“Han buscado confundir a la población con el argumento de que Ecuador se va a convertir en Venezuela... Pues no, Ecuador no es Venezuela”. (I)