El ex dictador Reynaldo Bignone y otros cuatro ex militares argentinos fueron condenados ayer a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el campo de exterminio de Campo de Mayo (periferia noroeste de Buenos Aires), informó el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema.

El Tribunal Oral Federal de San Martín (noroeste) “condenó a Bignone a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo” durante la dictadura (1976-83), y además fueron sentenciados a la misma pena otros cuatro ex oficiales, indicó el CIJ en su portal electrónico.

La sentencia fue por la causa en la que se investigaron crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo y que se conoce como “Embarazadas”, ya que incluyó las desapariciones de siete parejas de detenidos que al momento de los secuestros las mujeres esperaban hijos.

Además de las cinco perpetuas, el tribunal dictó sentencias a penas de entre 12 y 25 años de prisión a otros seis acusados, precisó el CIJ.

Bignone (85 años), sobre quien pesa otra condena a la pena máxima, así como  dos sentencias de 25 y 15 años de prisión, fue el último gobernante de la dictadura (1982-83), que dejó 30.000 desaparecidos, según entidades humanitarias.

Durante el régimen militar, Campo de Mayo se transformó en el mayor centro de exterminio de prisioneros y en el hospital que funcionaba en el predio había una maternidad clandestina donde las prisioneras parturientas eran alojadas para dar a luz. Tras el parto, los bebés eran separados de sus madres, quienes, la mayoría de los casos, permanecen desaparecidas. Los niños eran después entregados a familias vinculadas con militares o integrantes de las fuerzas de seguridad.

La entidad humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo, hasta la actualidad, ha logrado la restitución de 108 de alrededor de 500 niños que fueron robados en la dictadura.

El nacimiento de niños en el hospital de Campo de Mayo quedó probado para el tribunal, a partir de testimonios de sobrevivientes y de enfermeras que atendieron a las prisioneras, apuntó el CIJ.

Activistas de derechos humanos, acompañados por agrupaciones políticas y sociales, se concentraron frente al tribunal y saludaron las condenas en un juicio que se prolongó por siete meses.

Ante el tribunal, se ventiló el caso de Laura Catalina, hija de Raúl René de Sanctis y Miryam Ovando, quien fue secuestrada en abril de 1977 en Virreyes (periferia norte de Buenos Aires) con un embarazo de seis meses.