La difusión de un video en el que un juez extorsiona a una madre cuyo hijo es sospechoso de violación desató una tormenta en Bolivia, cuyas autoridades evalúan medidas como la colocación de cámaras para vigilar a sus propios magistrados.

Una medida preliminar fue la destitución de un fiscal y dos jueces, entre ellos el magistrado José Barrientos, quienes aparecen en el video solicitando $ 15.000 a la madre de un imputado para cambiar la tipificación del delito de violación a estupro de una menor de edad.

La pena por violación es de 20 años de cárcel, mientras que la de estupro -acceso carnal con una menor de entre 12 a 16 años- oscila entre 4 y 6.

A causa del escándalo, divulgado reiteradamente por la televisión, el Consejo de la Magistratura destituyó a Barrientos y al juez Jorge Viscarra, quienes irónicamente formaban parte de un juzgado anticorrupción y violencia contra la mujer.

"No protegeremos a nadie y tampoco perderemos el tiempo en procesos burocráticos", dijo el presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria al comunicar "la cesación inmediata de los jueces" involucrados.

Los jueces

En medio de las denuncias, el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, ha planteado la necesidad de instalar cámaras que permitan vigilar el comportamiento de los magistrados.

"Necesitamos instalar cámaras de video-vigilancia, lo vamos a hacer, no necesitamos pedir permiso a nadie porque aquí se trata de resguardar las garantías de los ciudadanos bolivianos para ejercer sus derechos, especialmente en el ámbito de la justicia", dijo a la prensa.

Recordó que el gobierno está comprando 500 cámaras de seguridad para instalar hasta febrero del próximo año en las ciudades del eje (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz), pero que verán si pueden reubicar algunas para la vigilancia de servidores del sistema judicial.

"Vamos a ver si podemos hacer una reubicación para que se vigile a través de un sistema técnico también la labor de estos operadores de justicia", agregó.

Fiscal destituye

Como consecuencia del "video-extorsión", como le llama la prensa local, un fiscal también fue destituido por supuesta complicidad. De acuerdo con el fiscal general, Ramiro Guerrero, de enero a la fecha fueron destituidos 20 fiscales y 80 desde 2012.

"Este fiscal general no pide renuncias, destituye a la gente manchada por corrupción", manifestó Guerrero.

Ajena al caso del video, otra fiscal de Santa Cruz, este del país, fue destituida este viernes y enviada preventivamente a arresto domiciliario por haber extorsionado con 1.000 dólares a un ciudadano preso por conducir su vehículo en estado de ebriedad.

Según el vicepresidente del privado Colegio de Abogados de Santa Cruz, Ismael Morón, existen redes de corrupción en los juzgados para torcer la justicia.

"Son montos exorbitantes que se cobran, montos en dólares terriblemente altos que van en proporción al delito cometido, los montos varían de acuerdo a la víctima, de acuerdo a los negociados entre abogados y jueces", dijo Morón a Radio Santa Cruz.

Hace poco saltó a la luz pública el caso de tres ladrones que fueron capturados por tercera vez en un lapso de 38 días y que seguían delinquiendo porque recibieron penas blandas que les permitían seguir libertad.

Rezago e impunidad

Un informe de Naciones Unidas de 2014 señala que la justicia boliviana "se caracteriza por problemas estructurales, tales como la retardación, la insuficiente cobertura de servicios judiciales en el país, el acceso limitado a la justicia por parte de los sectores más vulnerables, el preocupante rezago judicial, la corrupción y en última instancia, la impunidad".

Ante esa evidencia, el presidente Evo Morales instó en abril último a una reforma del sistema judicial en Bolivia, al admitir el fracaso de la inédita elección de los magistrados por voto popular en 2011.

El mandatario -que cree que "la justicia no ha mejorado nada"- impulsó la elección por sufragio de 28 autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Agroambiental.

"No podemos seguir tolerando que la justicia esté tan descarriada, tan podrida", reaccionó en tanto el defensor del Pueblo, Rolando Villena, al urgir "una cumbre judicial" para hacer una reingeniería en la administración de justicia.

Villena reclamó por otro lado que un 84% de los presos (cerca de 13.800) en las cárceles carece de sentencia, principalmente por retardación. (I)