La legalidad del contrato de Bolivia con la constructora brasileña OAS para una carretera que rechazan los indígenas de la Amazonía, porque parte en dos una reserva natural, originó este martes una polémica del Gobierno del presidente Evo Morales con el defensor del pueblo, Rolando Villena.

Villena dijo a medios locales que el contrato "no está dentro de la normativa" porque fue firmado sin una consulta previa a los indígenas del parque natural, para preguntarles si quieren que la carretera atreviese su territorio, como exige la Constitución.

"Al haberse firmado un documento de esta naturaleza, se aparta de la constitucionalidad, y creemos que esto debería ser reconocido como un error y que también debería ser enmendado lo más pronto posible", señaló el defensor del pueblo.

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, replicó hoy que "no es cierto" que sea ilegal el contrato con OAS y agregó que está respaldado por una ley aprobada por el Congreso.

El presidente en funciones, por el viaje de Morales a la Asamblea de la ONU, dijo que se hizo la consulta para construir los extremos de la carretera, financiada por Brasil, y que aún no se consultó sobre el tramo intermedio que atraviesa la reserva natural porque las obras allí no han comenzado.

"En tanto no avance la consulta, no hay construcción del tramo dos. Vamos a hacer la consulta. Por lo tanto, nos estamos moviendo en el ámbito de la absoluta legalidad", sostuvo en rueda de prensa.

Agregó que se preguntará a los indígenas "por dónde podría ir" la vía, pero los nativos de la Amazonía rechazan de plano que atraviese el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), como insiste Morales, cuya imagen de indigenista y ecologista se ve afectada por el conflicto.

Bolivia y Brasil firmaron en 2009 el documento para financiar con 332 millones de dólares la carretera de más de 300 kilómetros, que unirá el centro y el noreste boliviano, y OAS comenzó a las obras en junio pasado.

Los indígenas amazónicos, grupos de ecologistas y la oposición critican a Morales, de origen aimara, por decir que la obra pasará por el Tipnis "si o si", porque no hay más opciones técnicas.

Además, contra lo que hoy dijo Linera, afirman que la consulta a la población del parque natural debió hacerse antes de gestionar el crédito brasileño.

Un portavoz de OAS en La Paz, consultado por Efe, dijo que la empresa no hará comentarios sobre la controversia en torno a la legalidad del contrato.

Más de mil indígenas comenzaron el pasado 15 de agosto una marcha de la Amazonía hacia La Paz en defensa del parque y para exigir el respeto a sus derechos.

Ha habido también manifestaciones e incidentes, en varios casos con heridos, en regiones del oriente boliviano, fronterizo con Brasil, y en La Paz frente a la embajada de ese país.

Según el Ejecutivo de Morales, hay siete alternativas para la carretera, pero todas atraviesan el Tipnis.

Las etnias amazónicas temen daños ambientales por la obra y que fomente una invasión del parque por colonos y cultivadores de hoja de coca, base para la fabricación de cocaína.

Morales preside siete sindicatos de cocaleros de la región central del Chapare, vecina al Tipnis.

Los indígenas también denuncian abusos de cientos de policías y campesinos afines a Morales que fueron enviados a cerrar el paso a la marcha, con riesgo de enfrentamientos.

La marcha está a punto de llegar hoy al lugar donde están los piquetes de policías y cocaleros.