Desde hace 13 días los mineros de la Central Obrera Boliviana (COB) se han declarado en huelga general indefinida por la demanda del incremento en las pensiones, por una “jubilación digna”, dicen. El conflicto ha escalado, de marchas a la sede de gobierno a la voladura de un puente con dinamita en la carretera Oruro-Cochabamba, pasando por el intento de toma del aeropuerto de Trinidad.

A las movilizaciones se sumaron otros gremios, como el magisterio urbano y rural, los médicos y la Policía, esta última se amotinó y algunas de las esposas de los uniformados se declararon en huelga de hambre.

El gobierno de Evo Morales ha sido irreductible al rechazar el aumento del 100% en las pensiones. La solución no parece sencilla, los movimientos indígenas y campesinos se alistan a defender al régimen, hoy cercado por movilizaciones obreras.

¿Qué hay detrás de todo este enredo? ¿Estamos frente a la justa lucha de los trabajadores sindicalizados, que en vez de derechos obtienen porrazos de un gobierno intransigente que ha olvidado que fueron los trabajadores y clases populares del campo y la ciudad los que lo encumbraron?

Para un observador poco avisado y acostumbrado a las fórmulas fáciles la respuesta inmediata será sí, punto. Pero la realidad suele ser más compleja. La demanda de los mineros de la COB en las primeras mesas de diálogo con el Gobierno consistía en el incremento de las pensiones a su gremio -exclusivamente a los mineros-, por 8 mil bolivianos (1.149 dólares), y por 5 mil bolivianos al resto de los trabajadores (718 dólares).

El sistema de pensiones fija un fondo tripartito al que aportan el patrón, el trabajador y el EstadoDías después, ante la negativa gubernamental por falta de fondos y riesgo en la sostenibilidad del sistema de pensiones, los trabajadores radicalizarían su demanda y exigirían un aumento en las pensiones al ciento por ciento, considerando el monto salarial obtenido en sus últimas 24 papeletas de pago, lo que dispara las cifras hasta, en algunos casos, pensiones de 40 mil bolivianos al mes (5.747 dólares) en un país donde el presidente gana la suma de 18 mil bolivianos al mes (2.586 dólares). El aumento en las pensiones bien puede considerarse un derecho de los trabajadores, pero no así la exigencia del ciento por ciento planteado por la COB en el contexto boliviano actual.

Contextualicemos: en Bolivia, como en el resto de los países latinoamericanos, en los años ochenta del siglo pasado se impuso un sistema de pensiones de corte neoliberal. Esto es, el trabajador aportaba de manera individual a un fondo propio, sin contribución alguna del empleador y, a veces, con una pequeña aportación del Estado. Así, el trabajador jubilado accedía al fondo de ahorros logrado a lo largo de su vida laboral y cuando el dinero acumulado se acababa el jubilado no tenía más ingresos.

En 2010 el gobierno de Evo Morales aprobó una nueva Ley de Pensiones (Ley Nº 065) que tiene como base el principio de la solidaridad entre los trabajadores y restablece el deber del patrón y del Estado de aportar para las jubilaciones de los obreros. Cabe apuntar que dicha ley fue consensuada con la propia COB y proclamada en la sede de la central.

Las principales características de este régimen solidario semicontributivo son: reducción de la edad de la jubilación (de 65 a 58 años, y las mujeres pueden reducir un año por cada hijo parido hasta un límite de tres, 55 años es la edad mínima de jubilación), establecimiento obligatorio del aporte patronal que había sido eliminado en la ley neoliberal (3% del total de las ganancias del patrón), además de un aporte especial por riesgo profesional; sistema diferenciado de aportaciones de los trabajadores: 1% del salario para los trabajadores de menores ingresos, 5% para los de ingreso medio y 10% para los de más altos ingresos. Esto es, aportan más quienes ganan más. La nueva ley también establece que el monto de la jubilación se determinará promediando toda la vida laboral del trabajador y no solo los últimos 24 talones de pago.

Así, se consolida un fondo tripartito al cual aporta el trabajador, el patrón y el Estado. Se trata de un régimen integral en el que los fondos comunes se distribuyen de manera solidaria al compensar las pensiones de todos los trabajadores, lo que beneficia principalmente a los de menores ingresos. Este sistema compensa a los trabajadores hasta en un 70% de su salario.  

11,1% se ha reducido la pobreza en Bolivia en los últimos 7 años,  pasando de 60,1% a 49%La propuesta de algunos grupos de mineros y maestros afiliados a la COB de elevar las pensiones al ciento por ciento de su salario actual liquida el sistema solidario, pues hay trabajadores –específicamente mineros–, que durante toda su vida laboral aportaron cantidades mínimas por sus bajos ingresos y, en los últimos meses –debido al incremento de los precios de los minerales– obtuvieron sueldos elevados, con los que pretenden se les jubile, lo que terminaría por vaciar el fondo común. Algo similar ocurre con los médicos, sector privilegiado de profesionistas con altos ingresos que se ha subido al carro de la COB.

No estamos ante la lucha de los obreros contra un gobierno que conculca sus derechos, sino ante una demanda gremial que beneficia a menos del 17% de los trabajadores bolivianos en detrimento del 83% restante, que es, en gran medida, el que menos ingresos tiene. Y dentro de ese 17% serían los trabajadores de mayores ingresos los que más beneficiados se verían al perpetuárseles una jugosa renta mensual.

El problema no está en la negativa del gobierno a aumentar las pensiones, sino en que la demanda en sí es desproporcionada, no existen recursos suficientes para asignar pensiones al 100% del salario actual a todos los trabajadores bolivianos. En unos cuantos años el fondo solidario se evaporaría y las rentas habrían de pagarse con dineros del Tesoro General de la Nación destinados tanto a la inversión como a programas de alcance universal, como la Renta Dignidad, que es una especie de pensión que beneficia, sobre todo, a los trabajadores que ni siquiera pueden aspirar a cotizar un pensión baja, pues muchos de ellos se emplean en la economía informal y viven al día. En suma, la demanda de la COB pone en riesgo la propia sostenibilidad de todo el sistema de seguridad social y de redistribución de la riqueza.

Entonces, ¿qué clase de clase son los mineros bolivianos afiliados a la COB que defienden privilegios y los disfrazan de derechos sociales poniendo en peligro un sistema de redistribución que ha reducido la pobreza del 60,1% al 49% de 2007 a la fecha, y la pobreza extrema del 34% al 25,4% en el mismo período? ¿Qué intereses hay detrás del grupo del ex paramilitar Jaime Solares, uno de los principales líderes de las movilizaciones mineras? ¿A quién beneficia el desgaste de un gobierno que se ha caracterizado por defender los derechos de los sectores más empobrecidos? Muestra de lo anterior ha sido el aumento al salario mínimo nacional en un 127% de 2006 a 2012, la asignación de bonos para niños en edad escolar y mujeres embarazadas, lo que ha reducido la deserción escolar y la mortandad materno-infantil.

¿Qué clase de clase es la COB que por asegurarle hoy una renta estratosférica a unos pocos se apropia de los fondos de las futuras generaciones? ¿Esas son las tareas de la gloriosa clase obrera?, ¿vivir como ricos en un país donde todavía hay quienes carecen de lo indispensable? Está claro que la COB no es una entidad monolítica y poco a poco se muestran los matices en las propuestas y acciones de los distintos grupos que la conforman. En las últimas horas, líderes mineros se han desmarcado de los posibles intentos de golpe o amotinamiento policial anunciados días atrás, federaciones magisteriales han desconocido a dirigentes que, sin consultarlos, los embarcaron en una huelga general indefinida, y ya han solicitado diálogo con el gobierno.

Y es que resulta paradójico que durante toda la etapa neoliberal la COB no se manifestara con esa fuerza ni constituyera un partido obrero, como lo hace hoy para atacar al régimen surgido de las organizaciones indígenas y campesinas. Las mismas que ya se aprestan a marchar rumbo a La Paz en una demostración de fuerza y respaldo a su gobierno y su presidente.

Ojalá que la COB sepa comprender su papel en esta revolución llevada a cuestas por los indígenas y campesinos del país, sujetos que sí supieron ser sujetos históricos. Ojalá que los mineros y demás gremios dejen de prestarse a los intereses electorales de Jaime Solares y su Partido de los Trabajadores, que asuman la tarea de profundizar el proceso de cambio y no la de ser objetos o instrumentos de la contrarrevolución.

EL GOBIERNO LLEGA A UN ACUERDO CON LOS MINEROS DE HUANUNI

El conflicto sindical que vive Bolivia desde hace más de dos semanas se suavizó ayer después de que el Gobierno logró un acuerdo con los mineros del yacimiento estatal Huanuni, uno de los grupos que más presión ha ejercido por la mejora de las jubilaciones, mientras prosigue el diálogo con otros sindicatos.

Según fuentes de los mineros, el sector aceptó ayer una propuesta del Gobierno, que consiste en que los mineros cobren como jubilación el 70% de una media de sus últimos 24 salarios y no el 100%, tal como exigía la Central Obrera Boliviana (COB), órgano que ha liderado las protestas durante las últimas dos semanas.

Uno de los dirigentes del sector minero, Miguel Pérez, dijo que “lamentablemente” eso es lo único que se pudo conseguir, además de una reducción de 35 a 30 años de aportes para estos obreros. Tras alcanzar el acuerdo, los trabajadores de la mina de estaño Huanuni, la más grande de Bolivia con casi 5.000 empleados, comenzaron a despejar las vías que mantenían cerradas. EFE