A medio siglo de oficializado, el bloqueo económico, comercial y financiero de  EE.UU. contra Cuba sigue intacto, pese a no lograr sus objetivos y recibir el rechazo casi unánime de la comunidad internacional.

El 3 de febrero de 1962, el entonces presidente norteamericano, John F. Kennedy, decretó la Proclama 3447, que dio luz verde a una política de estrangulamiento puesta en práctica desde el triunfo de la revolución en la isla, el 1 de enero de 1959.

Un total de nueve administraciones, tanto republicanas como demócratas, han mantenido y con frecuencia recrudecido la sanción, la cual Washington se empeña en identificar con el nombre de “embargo” y el argumento de que es un tema bilateral.

La Ley Torricelli -promulgada en 1992 por George Bush- fue uno de los mecanismos adoptados para apretar el cerco, cercenando el comercio de medicinas y alimentos de Cuba con las subsidiarias de compañías estadounidenses asentadas en terceros países. Otra prueba de la extraterritorialidad del bloqueo y de la búsqueda de su intensificación llegó en 1996, cuando la Casa Blanca puso en vigor bajo el gobierno de Bill  Clinton la Ley Helms-Burton.

Prácticamente no escapa ningún sector en la isla al impacto de una medida condenada veinte  veces consecutivas en la Asamblea General de Naciones Unidas, la más reciente en octubre pasado por 186 países, con Estados Unidos e Israel como sus únicos defensores.

Según cálculos moderados, los daños económicos ocasionados por la sanción superan los 104 mil millones de dólares, cifra que rondaría los 975 mil millones si se considera la depreciación de esa divisa frente al oro en las últimas décadas.

A propósito del objetivo explícito de provocar insatisfacción económica, hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno cubano, el canciller Bruno Rodríguez recién recordó en la ONU la Convención de 1948 contra el Genocidio.

Esta, en su artículo 2 inciso b, tipifica como acto de genocidio la “lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo” y en su inciso c, el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”, señaló ante la Asamblea General.

Consciente del rechazo del bloqueo en el mundo, el  actual presidente  Barack Obama menciona una supuesta flexibilidad en el cerco. Cuba desmiente tales comentarios,  al amparo de sistemáticas evidencias del impacto del bloqueo y de su recrudecimiento.

“El bloqueo y las sanciones permanecen intactos. Como rasgo distintivo del período del presidente Obama, se refuerza la persecución a las transacciones financieras cubanas en todo el mundo, sin respeto a las leyes de terceros países ni la oposición de sus gobiernos”, advirtió el año pasado en la ONU el canciller Rodríguez. 

Multas a estadounidenses por viajar a la isla y castigos a empresas y bancos por negociar con La Habana constituyen pruebas de la vigencia, engrosadas a finales de 2011 en Trinidad y Tobago, donde tuvo que ser cambiada la sede de la IV Cumbre Caricom-Cuba -prevista en el Hotel Hilton- por presiones de Washington. PL