Juez federal bloquea detenciones a indocumentados en EE.UU.
Un juez federal impidió el viernes 27 de septiembre de 2019 que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) se basara únicamente en datos defectuosas para perseguir a migrantes que están en el país sin los permisos adecuados, según reportó el diario Los Angeles Times.
En una orden judicial permanente, el juez de distrito Andre Birrote Jr. prohíbe al ICE depender únicamente de las bases de datos para emitir órdenes de detención en las que se pida a las distintas agencias policiales que retengan a los detenidos dos días más de la fecha en la que deberían quedar libres, agregó el diario.
El fallo, que se deriva de una demanda colectiva, también impide que la agencia federal realice este tipo de pedidos a agencias de seguridad estatales y locales en los lugares donde no exista una ley que autorice la detención de migrantes en base a ese documento, aseguró el medio.
La decisión afecta a los pedidos realizados por un agente del ICE en el sistema judicial federal del Distrito Central de California.
El caso civil tiene implicaciones en la ofensiva del presidente, Donald Trump, contra la inmigración ilegal, ya que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y otros grupos pretendían cambiar la forma en la que los agentes de inmigración buscan a quienes están en el país de forma ilegal, apuntó el reporte.
“Creo que esta decisión es un importante revés para el programa de deportación Comunidades Seguras del ICE y para los esfuerzos de Trump de utilizar a la policía en todo el país para avanzar en sus programas de deportación”, señaló Jessica Bansal, abogada de la ACLU en el sur de California, a la publicación.
Mientras que una jueza federal de Los Ángeles bloqueó este viernes 27 de septiembre de 2019 las regulaciones de la administración federal que le habrían permitido detener a familias migrantes de manera indefinida.
Según Univisión, la jueza Dolly M. Gee resolvió que se mantiene la vigencia del acuerdo Flores que impone al Estado un límite de 20 para liberar a un menor. (I)