El vicepresidente de EE.UU., Joseph Biden, inició hoy en Virginia, uno de los estados tradicionalmente pro-armas, una campaña para explicar la necesidad de reducir la violencia con armas de fuego y las medidas propuestas por la Casa Blanca tras la reciente masacre de la escuela de Connecticut.

"Hay ciertas cosas que sabemos con certeza que disminuirán las posibilidades de que ocurra lo sucedido en Virginia Tech o en cualquiera de esas otras matanzas, incluida Newtown (Connecticut)", afirmó Biden tras reunirse con funcionarios de seguridad y representantes estatales.

El vicepresidente recalcó en esta ocasión la exigencia de la revisión de historiales criminales para los compradores a nivel federal o la extensión de los servicios de salud mental.

"Sabemos que marca la diferencia si una de las personas consideradas como no aptas para poseer un arma acaba o no en el Sistema de Revisión Nacional Instantáneo de Historiales (NICS)", afirmó en referencia a que muchos expedientes no son compartidos entre estados.

El viaje se produce un día después de que un grupo de congresistas demócratas, encabezados por la senadora Dianne Feinstein, anunciara ayer una propuesta de ley para prohibir la venta de determinadas armas de fuego automáticas y de los cargadores de alta capacidad.

Una ley similar fue aprobada en 1994, pero caducó en 2004 al no ser reautorizada entonces por el Congreso.

No sorprende que la primera parada de la campaña nacional se produzca en Virginia, donde las leyes para portar armas son más laxas que en otros estados, y lugar en el que en 2007 se produjo la masacre de Virginia Tech University, en la que murieron 30 personas.

Ayer, en una videoconferencia con ciudadanos, Biden reconoció que es propietario de dos escopetas, pero defendió "límites racionales" para prohibir determinados modelos automáticos.

La Administración del presidente Barack Obama busca aprovechar el trauma causado en la sociedad estadounidense de la matanza de una escuela de Newtown (Connecituct) en diciembre pasado, donde fallecieron 27 personas, entre ellas 20 niños.

Según una encuesta de Gallup divulgada esta semana, una gran mayoría de los estadounidenses apoya las propuestas del plan presentado por la Casa Blanca contra la violencia causada por las armas.

Un 91 % de los encuestados está a favor de un sistema de comprobación de antecedentes criminales para todos los compradores de armas, mientras que un 79 % apoya una mayor formación para los policías, equipos de emergencia y oficiales escolares sobre cómo responder en caso de un ataque armado a un colegio.

Además, un 75 % respalda aumentar las penas para los que compran armas para dárselas a otras personas que no pueden hacerlo por sus antecedentes.

"Vamos a seguir viajando por todo el país", dijo Biden, que se ha convertido en la punta de lanza del gobierno en la lucha contra la violencia con armas de fuego.

El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, mostró el respaldo del presidente Barack Obama a las "medidas de sentido común para reducir la violencia en este país".

Carney reconoció, no obstante, la dificultad que va enfrentar en el Congreso estas propuestas dada la oposición de gran parte de los republicanos y algunos demócratas que consideran que viola la Segunda Enmienda constitucional, que otorga el derecho a portar armas a los ciudadanos.

"Siguen siendo prioridades. Porque sean difíciles no quiere decir que no las debamos perseguir", agregó en su rueda de prensa diaria.

Como parte los debates y contactos con la sociedad civil, el Comité Judicial del Senado anunció hoy que el astronauta Mark Kelly, esposo de la ex legisladora Gabrielle Giffords gravemente herida en tiroteo en 2011, y el portavoz de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por su sigla en inglés), Wayne LaPierre, participarán en una audiencia la próxima semana sobre el tema la próxima semana.

La NRA, el principal grupos de presión a favor de las armas, ya ha expresado su oposición frontal a las medidas propulsadas por la Casa Blanca con el argumento de que intentan despojar de los derechos fundamentales a los ciudadanos. EFE