Los familiares de la activista ambiental hondureña Berta Cáceres, junto a representantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), exigieron justicia contra los responsables del asesinato.

"Este ha sido tiempo prudente y suficiente para que el Estado de Honduras, a través del Ministerio Público, tuviese deducidas las responsabilidades e implementado acciones legales para sancionar a esta estructura criminal", señaló el consejo a través de un comunicado.

Integrantes del Copinh y familiares de la activista asesinada se dirigieron al Ministerio Público para manifestarse y exigir respuestas a varios miembros de la familia Atala Zablah, a quienes responsabilizan por el crimen.

Tanto la organización como los allegados a la ambientalista han denunciado la falta de voluntad del Estado para hacer justicia y encerrar a los responsables del asesinato a Berta Cáceres.

Ellos "hoy siguen caminando con la tranquilidad sin ninguna consecuencia por haber motorizado y decidido la ejecución del crimen que intentaba frenar la lucha de Berta Cáceres y de Copinh en defensa del Río Gualcarque, tal como lo demuestra la sentencia emitida en diciembre pasado", sentenció la organización.

Cáceres había realizado denuncias relacionadas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.

La Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Honduras declaró culpables el 29 de noviembre de 2016 a siete de los ocho señalados de ser los culpables del asesinato de Cáceres identificados como Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillos, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte.

Sin embargo, la organización ha reclamado la revisión del juicio para poder encausar a los directivos de la empresa DESA en el asesinato. (I)