La Procuraduría General de la República (PGR) de México abrió esta semana un nuevo peritaje en el basurero de la ciudad de Cocula, en el estado de Guerrero. La investigación fue planificada luego de que el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF) presentara su informe en el que “no respalda la versión” de la PGR de que allí fueron incinerados los cuerpos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, secuestrados y desaparecidos de la ciudad de Iguala (contigua a Cocula) en septiembre de 2014.

El EAAF estuvo formado por 26 peritos de varias nacionalidades y durante más de un año peinó el basurero que había sido abierto en 2010. En el trabajo encontraron miles de fragmentos de osamentas humanas, los cuales pertenecen a 19 diferentes personas, pero no necesariamente a los 43 de Ayotzinapa.

Entre las osamentas hay dos prótesis dentales de porcelana, un trabajo que los peritos consideran extremadamente caro como para que se lo hayan realizado algunos de los estudiantes normalistas, según sus familiares.

El informe de los expertos argentinos también aclara que al estar las muestras óseas totalmente contaminadas e incluso algunas mezcladas con restos de animales es imposible hacer pruebas de ADN para determinar las identidades de esas 19 personas. Igualmente, considera que la quema de esos cuerpos no se realizó en un solo fuego.

El trabajo del EAAF refuerza el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentado a inicios de este año y en el que además de cuestionar las conclusiones de la Procuraduría de que los 43 normalistas fueron quemados en una noche en el basurero de Cocula, denuncia  las limitaciones que el GIEI ha tenido para cumplir con su trabajo.  

Entre las principales quejas está  la falta de acceso a la información del batallón 27 de Iguala, de donde habrían desaparecido los jóvenes estudiantes de Educación.

La Procuraduría decidió que los militares no podían declarar más que dentro de un proceso penal y sin la presencia de observadores. Sin embargo, para el grupo, que es apoyado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la información que tienen los militares es parte medular de las investigaciones.

Otro punto que lamenta el GIEI es el maltrato que ha sufrido recientemente la familia de Julio César Mondragón por la burocracia innecesaria. Mondragón es el único miembro de ese grupo cuyos restos fueron identificados.

El GIEI destaca que ha realizado acciones para obtener nuevas informaciones sobre la hipótesis del quinto camión (que se llevó a normalistas). La asistencia técnica solicitada por el Grupo a inicios de noviembre de 2015 fue enviada finalmente el 15 de febrero de 2016 por la PGR, reporta en un documento el GIEI. Los expertos consideran que esta información relativa a un caso judicial sobre el tráfico de drogas entre Iguala y Chicago a través de autobuses puede contribuir al esclarecimiento del caso.

Asistencia a las víctimas

Una de las tareas que tiene el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es realizar recomendaciones al gobierno mexicano sobre la atención a las víctimas.

En ese sentido, ha impulsado la realización de un estudio psicosocial para elaborar un diagnóstico del impacto de los hechos en los familiares de los normalistas desaparecidos, asesinados y heridos.

Ese estudio será realizado por un equipo independiente de confianza de las víctimas y con la competencia profesional adecuada, y proporcionará elementos para la atención a las víctimas en el presente y el futuro.

El grupo reporta que continúa trabajando con los representantes del Estado y de las víctimas para llevar a cabo la atención de las víctimas del caso, incluyendo familiares y otros, así como a los heridos graves con secuelas, incluyendo el futuro de la atención de Aldo Gutiérrez, quien permanece en coma.

El GIEI también tiene la responsabilidad de elaborar recomendaciones en materia de política pública para el tema de la desaparición forzada.

Los expertos dieron a finales de  2015 comentarios e hicieron recomendaciones para el proyecto de ley presentado por el gobierno de México en materia desaparición de personas, que en la actualidad se encuentra en el Senado.

Los expertos internacionales resaltan que en el caso de las desapariciones forzadas, desde que se destapó el escándalo de los 43 de Ayotzinapa, se han presentado más de 300 denuncias de desapariciones en la zona de Iguala, en los últimos 5 años. (I)