Ayotzinapa, de la indignación a la ingobernabilidad de un país

El caso Ayotzinapa es el golpe más serio que ha habido a la estructura institucional de México en décadas. Ha provocado el mayor descrédito popular de un gobierno que con dos años apenas ha enfrentado una fuerte y constante protesta pública. Esto ha representado el mayor asomo de reacción popular en contra de las políticas gubernamentales en toda la historia moderna del país, más allá de las protestas electorales. Es una muy fuerte llamada de atención a que las cosas tienen que cambiar con rapidez, de fondo y con un sentido de justicia social.

México es un país absolutamente presidencialista y con el regreso del Partido Revolucionario Institucional y la instalación de Peña Nieto, se ha establecido una forma de control de todas las actividades policíacas y políticas. Aún cuando no hay la constancia y la percepción de que personalmente un alto funcionario hubiese dado la orden de que sucedieran así las cosas en Iguala, lo cierto es que el ejército, la policía federal, gobernación, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional necesariamente daban seguimiento a todas las movilizaciones de los estudiantes de Ayotzinapa.

Hubo acciones y omisiones desde el gobierno federal que implicaron una complicidad en los hechos específicos de Iguala, pero luego un silencio, una omisión de más de diez días en los cuales a pesar de la dimensión de la tragedia el gobierno federal hizo como que la jurisdicción estatal le impedía asomarse a lo que tenía jurisdicción nacional e internacional. La conjunción del gobierno y el Estado permitió y propició lo que pasó en Iguala, pero además ha permitido esta farsa de la presunta versión sobre cómo fueron los hechos, algo que muy pocos creen y que cada vez se desmorona más.

El gobierno ha quedado pasmado. Enrique Peña Nieto no ha elaborado ni un discurso ni una respuesta creíbles; se han refugiado en la retórica burocrática él, su secretario de Gobernación y el Procurador General de la República. Todo esto ha generado una situación de rechazo e indignación como nunca antes en la historia moderna del país. Hay una movilización constante que no se ha apagado sino, al contrario, se ha potencializado internacionalmente y se ha reproducido en plazas y calles. También con otra vertiente de grupos que han llevado la protesta a niveles más enérgicos: toma de edificios públicos, incendios de algunos y actos más allá de la desobediencia civil.

El gobierno federal ha estado explorando las posibilidades de aplicar mano dura, la tentación de que los militares -ejército y marina- entren en acción para ir acallando. Por otra parte hay la posibilidad del desbordamiento de la protesta pública por parte de los segmentos más indignados. Si el gobierno de Peña Nieto sigue con su postura actual no va a tener más que apretar el puño y por otro lado va a crecer la protesta pública… México puede entrar en un momento de ingobernabilidad muy peligroso.