La justicia argentina le dio la razón a los consumidores que presentaron batalla contra el brusco aumento de tarifas de los servicios públicos que impulsó el gobierno de Mauricio Macri y frenó los incrementos del gas en las provincias de Río Negro y Neuquén (sur).

De esta forma ya son nueve las provincias que suspendieron los aumentos que en promedio rondan entre el 500 y el 700%. En algunos casos alcanzó el 2.000% en la fría Patagonia.

En la provincia de Río Negro la Cámara Federal suspendió la aplicación del incremento por tres meses y ordenó a la empresa proveedora Camuzzi Gas del Sur a refacturar los consumos a los valores de marzo, previos al aumento.

La Cámara Federal justificó su decición en que el aumento no fue sometido a discusión en una audicencia pública.

"Parece no haber duda de que la legislación debe prever algún mecanismo de información y alguna forma de participación de los consumidores y usuarios en las decisiones que los atañen, para no ser meros convidados de piedra que deban soportar cualquier decisión que afecte sus intereses", dice el fallo.

Una ola de reclamos en los tribunales recorre Argentina en rechazo a los reajustes de tarifas de luz, gas y agua con cientos de recursos de amparo presentados.

El propio ministro de Energía, Juan José Aranguren, lamentó "la judicialización" de estas medidas.

Esta semana la justicia de Córdoba (centro) también frenó el aumento de gas, al igual que en jurisdicciones de Jujuy, Salta, San Luis, Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires.

El gobierno pidió a la población que pague los aumentos y espera que la Corte Suprema se expida sobre el tema para detener los reclamos judiciales que incluyen manifestaciones callejeras y protestas frente a las empresas que prestan el servicio.

A los aumentos se suman también reajustes del precio de transportes y una suba del 30% del precio de los combustibles desde enero.

Macri impulsó las subas bajo el argumento de que las tarifas estaban retrasadas y culpó de ello al gobierno anterior de la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015).

También eliminó subsidios, con excepción de casos de personas en extrema pobreza que reciben una asignación por hijo o jubilados que perciban el salario mínimo.

El alza deprimió aún más el mercado interno, agobiado por una inflación que ronda el 40% anual y unos 200.000 despidos, según sindicatos.

Sectores de la oposición afirman que se podrían reajustar las tarifas en forma paulatina para contemplar la caída del poder adquisitivo de los salarios.

El incremento de los costos y la caída del consumo empujó al borde de la quiebra a miles de pequeñas y medianas empresas, según denunciaron cámaras del sector.

La economía está técnicamente en recesión con caída del consumo en casi todos los rubros, según el instituto de estadísticas Indec.

Consultoras económicas estiman para 2016 una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 1% y 2%. (I)