“Yo puedo salir muerto de esto”. La  profecía de Alberto Nisman, fiscal de la causa por el atentado a la mutual judía argentina AMIA, se cumplió. En el baño de su departamento del edificio Le Parc, en el modernísimo barrio de Puerto Madero, su madre halló su cadáver, un casquillo de bala y un arma calibre 22 Bersa. Era el domingo por la noche y el fiscal tenía un balazo en la sien.

La muerte de Nisman, quien había acusado la semana pasada a la mismísima presidenta argentina Cristina Fernández de  Kirchner por encubrimiento a Irán en la causa, provocó una enorme conmoción en una sociedad atravesada por una profunda interrogante sobre el ataque que en 1994 dejó 85 muertos y una herida aún sangrante. De hecho, se trata de una nueva ‘bomba’ que sacudió un caso que durante dos décadas impuso más preguntas que certezas.

¿Mafia, terrorismo o simplemente la presión insostenible para un fiscal que quiso poner en el banquillo de los acusados a la Jefa de Estado y a su canciller Héctor Timerman? Más allá del resultado de la autopsia que reveló que no hubo participación de terceros en el hecho, abonando la teoría del suicidio, un escalofrío sacudió de punta a punta al país austral.

La muerte de Nisman ocurrió horas antes de su esperada comparecencia de este lunes ante la Comisión de Legislación Penal del Congreso para esclarecer aspectos de su denuncia, rechazada de plano por el Gobierno, que había prometido una defensa férrea de la mandataria en el Parlamento.

El fiscal había acusado a la Presidenta y a su ministro de Exteriores -miembro de la colectividad judía-, así como a un diputado y dos dirigentes sociales, de pactar con Teherán el encubrimiento de los siete acusados iraníes en la causa a cambio de acuerdos comerciales que incluirían el intercambio de petróleo por granos, algo que jamás se concretó. Argentina e Irán firmaron un memorándum de entendimiento en 2013 que creó una comisión de la verdad y abrió la posibilidad de tomar declaraciones a los acusados, pero en su país de origen y no en  Argentina. Este acuerdo provocó el rechazo de la oposición y de gran parte de la influyente comunidad judía local. En total, siete iraníes están acusados por la voladura con un coche-bomba de la mutual judía AMIA, entre ellos un expresidente (Alí Akbar Ashemi),  exministros y  exdiplomáticos.

Desde el Gobierno, la reacción fue medida. La Presidenta tuvo “la misma reacción que tuvimos todos, de una sorpresa muy fuerte y después de conmoción debido al impacto que tiene este hecho”, dijo el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández. Pero más allá de la sorpresa, la muerte de Nisman sacudió los cimientos del poder político en un año de elecciones que decidirá la sucesión de Cristina Fernández. Por lo pronto, la mandataria ordenó desclasificar información relacionada a la causa AMIA, que había pedido Nisman y que incluye los nombres de agentes de inteligencia involucrados en la acusación contra la jefa de Estado y que habrían participado en el supuesto plan para encubrir a los acusados iraníes.

El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Julio Schlosser, dijo que con la muerte del fiscal “volvió a estallar la bomba de la causa AMIA”. Se trata, dijo el dirigente de la principal entidad judía argentina, de “una catástrofe”. “Es un día nefasto, de duelo, de consternación”, añadió.

Nisman tenía una custodia de 10 policías. Según trascendió, estuvo solo en su casa el sábado y el domingo no respondió a los llamados. Su custodia se comunicó entonces con la madre y ella -con la ayuda de un cerrajero- ingresó a la vivienda y halló el cuerpo de su hijo en el baño. Los primeros elementos apuntan a un suicidio, pero la fiscal Viviana Fein dijo que se investigará “si hubo algún tipo de instigación” para que Nisman se quitara la vida. La autopsia reveló que el fiscal se disparó a un centímetro de la sien. “Se podría hablar de un suicidio, pero no descarto una instigación”.

VIDEO 1

Pero, ¿quién era Alberto Nisman? Tenía 51 años y dos hijas. Había asumido como fiscal de la causa AMIA  en 2005 por impulso del entonces presidente Néstor Kirchner para acabar cons 11 años de estancamiento en el proceso judicial. Ni bien tomó la causa a su cargo, avanzó sobre la pista iraní y del movimiento libanés Hezbolá y pidió la captura internacional de 7 sospechosos.

Tres años después solicitó el arresto del expresidente Carlos Menem (1989-99) y del exjuez de la causa Juan José Galeano, a quienes acusó de encubrimiento. Nisman mantuvo buenos contactos con el kirchnerismo y con la secretaría de Inteligencia, pero con el correr de los años se profundizaron las grietas y el fiscal terminó denunciando por encubrimiento a la Presidenta, a su canciller, al diputado Héctor Larroque y a los dirigentes Luis D’Elia y Fernando Esteche. En los pasillos de tribunales se habla de una fuente interna en los servicios de inteligencia ligados a la causa que llevaron al desplazamiento por parte del Gobierno del agente Jaime Stiuso, exhombre fuerte del organismo y estrecho colaborador de Nisman en el caso AMIA.

Según la denuncia de Nisman, la presidenta y los demás acusados buscaron garantizar la impunidad de Irán para destrabar los vínculos comerciales bilaterales. El fiscal basó el caso en decenas de escuchas telefónicas y este lunes debía comparecer en el Congreso. Allí lo esperaban los legisladores kirchneristas para acallar sus “mentiras” y de la oposición que cerraban filas en su defensa en un año electoral. Pero la noticia de su muerte conmovió a todos. Fue una ‘bomba’ que volvió a sacudir los cimientos de la AMIA. Y llenó de dudas y desconfianza a la sociedad en torno al peor atentado terrorista de la historia argentina que lleva ya 20 años de impunidad.

VIDEO 2

DATOS

El atentado provocó el 18 de julio de 1994 la muerte en Buenos Aires de 85 personas mediante la explosión de un coche-bomba frente a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Alberto Nisman fue designado en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner como fiscal especial para la causa. El 5 de octubre de 2006 acusó formalmente a Irán de ser el autor intelectual del atentado y a la agrupación Hezbolá de ejecutarlo.

El fiscal acusó a la presidenta argentina y al canciller de ‘negociar’ la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA, a cambio de acuerdos comerciales y geopolíticos.