La audiencia judicial para decidir si Keiko Fujimori, principal líder de la oposición en Perú, pasa a prisión preventiva por un presunto delito de lavado de activos se reanudará el miércoles 24 de octubre a las 09:30 con carácter de inaplazable, anunció el Poder Judicial en un comunicado.

La vista judicial fue suspendida el domingo por 36 horas para que el fiscal contra el lavado de activos especificara los cargos imputados contra Keiko Fujimori y los otros once implicados en el requerimiento de prisión preventiva, así como corregir diversas referencias que dificultaban a los abogados preparar la defensa.

El fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez, a cargo de las investigaciones, solicitó 36 meses de prisión preventiva para Fujimori, presidenta del partido fujimorista Fuerza Popular, y los otros involucrados, entre ellos Pier Figari y Ana Herz, sus asesores más próximos; y los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.

A la hija del expresidente Alberto Fujimori se le imputa un delito de activos por la supuesta financiación irregular de su campaña para las elecciones presidenciales de 2011, en las que aparentemente enmascaró grandes donaciones de dinero con múltiples aportes ficticios de personas particulares.

Entre el dinero ocultado puede estar el millón de dólares que la constructora brasileña Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción de la historia de Latinoamérica, afirmó haber entregado en sendas partidas de 500.000 dólares a los exministros fujimoristas Yoshiyama y Bedoya.

Otras donaciones sospechosas proceden del estadounidense LVF Liberty Institute, una organización constituida en el estado de Delaware.

La decisión de llevar a prisión preventiva a Keiko Fujimori recae en el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional.

El magistrado ya ordenó detener hace dos semanas a la líder del fujimorismo y el año pasado llevó a permanecer por diez meses en prisión preventiva al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia, por un caso similar de supuesto lavado de activos en su campaña electoral, también de 2011.

Sobre Concepción Carhuancho existe una recusación presentada por los doce requeridos para pasar a prisión preventiva por considerar que no es un juez imparcial, ya que la orden de detención contra Fujimori fue revocada por una sala superior por haber copiado partes de la petición del fiscal sin entrar a valorar su pertinencia.

La recusación fue rechazada por el propio juez y está pendiente de resolución en segunda instancia por una sala de apelaciones de la Sala Penal Nacional.