La Fiscalía salvadoreña ordenó la detención del expresidente Mauricio Funes (2009-2014), actualmente asilado en Nicaragua y acusado de corrupción por el desvío de $ 351 millones durante su gestión, informó este viernes 8 de junio el fiscal general, Douglas Meléndez.

También ordenó la detención de casi 30 personas, entre exfuncionarios del gabinete de Funes y otras personas cercanas al exmandatario, dijo Meléndez, sin detallar cuántas personas fueron detenidas, pues argumentó que algunas de ellas se hallan fuera del país.

"Lamento informar al pueblo salvadoreño que en el gobierno del expresidente Mauricio Funes se dieron graves e indignantes actos de corrupción donde se extrajo fondos públicos por un orden aproximado de $ 351 millones", aseguró Meléndez en una rueda de prensa.

Funes refutó los cargos en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, en los que sostuvo que la fiscalía "solo ha hecho incriminaciones sin presentar una tan sola prueba en mi contra".

El expresidente se asiló en Nicaragua por considerarse un perseguido político en El Salvador, donde afronta cargos por peculado y lavado de dinero y activos.

"Hemos identificado una estructura sofisticada que fue creada por el expresidente para extraer fondos públicos", remarcó el fiscal.

Una de las personas detenidas es el empresario Miguel Menéndez, un expiloto de autos de carrera conocido como Mecafé, quien fue presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en el gobierno de Funes.

Otros involucrados en el caso son el exsecretario privado de la Presidencia, Francisco Cáceres, el expresidente del estatal Banco Hipotecario Manuel Rivera, y el exsecretario de Comunicaciones David Rivas.

Además, la fiscalía ordenó la detención de la actual pareja de Funes, Ada Michell Guzmán, y de sus hijos Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velásco, quienes también se encuentran asilados en Nicaragua.

El fiscal dijo que Funes lavó unos $ 10 millones mediante transacciones efectuadas por sus hijos o familiares de su pareja.

De acuerdo con el fiscal general, parte de esos $ 10 millones fueron lavados en transacciones como compra de automóviles, depósitos a empresas de comunicaciones, pagos de tarjetas de crédito o depósitos en efectivo a cuentas bancarias de familiares o allegados.

La fiscalía también detectó unos 14 bienes inmuebles, que serían propiedad del expresidente pero que "están a nombre de testaferros".
Funes está bajo investigación de la fiscalía desde agosto de 2016.

En noviembre de 2017, un tribunal de San Salvador lo declaró culpable, junto a uno de sus hijos, de enriquecimiento ilícito y los condenó a devolver al Estado $ 206.665 y $ 212.489, respectivamente. La sentencia está en apelación. (I)