Roberto Gallardo, juez de la ciudad de Buenos Aires, este miércoles declaró inconstitucional la nueva resolución en el reglamento de uso de armas de fuego para las cuatro fuerzas de seguridad federal de Argentina.

El lunes, el gobierno de Mauricio Macri adoptó una de las medidas más importantes y, a la vez, polémicas sobre seguridad pública: habilitó a la Policía a dispararle a un delincuente cuando haya ciudadanos en situación de peligro inminente, sin la necesidad de darle primero la voz de alto (aún cuando estén desarmados).

Pese a la declaración de Gallardo, ayer el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, en una entrevista con radio La Red, señaló que “llama la atención la competencia del juez” y aseguró que “tiene una tendencia a avanzar sobre áreas que no son de su competencia”.

El nuevo “Reglamento general para el empleo de armas de fuego” fue elaborado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La resolución 956/2018, que entró en vigor ayer, deroga cualquier normativa que resulte contraria a esta nueva reglamentación. 

La abogada Graciana Peñafort, por su parte, aclaró que una resolución ministerial no está por encima del Código Penal argentino, motivo por el cual resulta difícil que esta iniciativa avance.

La disputa
La nueva normativa del uso de armas generó gran polémica en el país, con comunicados de rechazo de las organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que denunció que este reglamento “promueve el uso abusivo de la fuerza letal y debilita los controles policiales”.

Frente a esto, la legisladora de la capital argentina Myriam Bregman y la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (CORREPI), hicieron una presentación en contra. El exjuez del Tribunal Oral Federal 1 de la Plata, Carlos Rozanski; y el exsubsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, también demandaron a Bullrich por “abuso de autoridad”.

La nueva normativa va en sintonía con el anteproyecto de reforma del Código Penal, que prevé que no será punible “el miembro de alguna fuerza de seguridad pública, policial o penitenciaria que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”.

Por ahora, la medida rige solo para los efectivos de las fuerzas federales. Pero en la resolución se invita a las provincias a adherir la nueva medida. (I)