El Gobierno de Estados Unidos entregó nuevos argumentos a su acusación contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, lo que genera retrasos en su proceso de extradición desde el Reino Unido.

En una vista administrativa celebrada hoy viernes en la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, la fiscal Claire Dobbin manifestó que Estados Unidos remitió el 12 de agosto un escrito acusatorio que amplía la descripción de la supuesta conducta ilegal de Assange.

Por ello el trámite judicial del caso de extradición contra el fundador de WikiLeaks fue  aplazado este viernes. También ha denunciado el equipo legal de Assange en declaraciones a la agencia de noticias Sputnik que la conexión telefónica habilitada para comunicarse ante las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus funciona únicamente de forma parcial.

Estas dificultades y los nuevos argumentos de Estados Unidos han llevado a un nuevo retraso en la apertura de diligencias previstas para este viernes en la Corte de Magistrados de Westminster, en el noroeste de Londres.

Assange se encuentra recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, al sureste de la capital británica, y se ha ausentado de la mayoría de vistas preliminares por consejo médico o por obstáculos prácticos de las autoridades penitenciarias.

Sus abogados, además, siguen quejándose de la falta de acceso a su cliente desde el pasado mes de marzo, ya sea de forma remota o presencial. "Otro día en el juzgado para el único periodista que está preso en Europa occidental por hacer su trabajo", ha denunciado el periodista islandés y ahora director de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson.

El plazo de admisión del auto de la petición de extradición expiró teóricamente hace más de un año, algo que la defensa del programador australiano considera una "barbaridad". "Se debería revisar al menos la prisión preventiva contra Assange", han aseverado. 

Assange podría enfrentarse a una pena de hasta 175 años en prisión si Reino Unido acepta entregarlo a Estados Unidos, donde ha sido acusado de cometer 18 delitos relacionados con la seguridad nacional tras la publicación de archivos clasificados. (I)