"El Gobierno despliega prácticas antisindicales como descontar del salario los días no trabajados y paga bonos a quienes no se adhieren a las huelgas", manifestó Patricia Romero Díaz, del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires.

Según la vocera, estas estrategias se suman a la violencia usada para reprimir las marchas y la judicialización de los manifestantes con el objetivo de "disciplinar" a la ciudadanía, lo cual considera que son "graves impedimentos al ejercicio de libertad de expresión".

Durante una audiencia pública de la CIDH, parte del 167 periodo de sesiones que la Comisión realiza en Bogotá hasta mañana, asociaciones sociales del país austral aseguraron que el año pasado desde el Estado se implementaron planes para tachar de terroristas algunas protestas.

"Es muy grave la construcción de una hipótesis de terrorismo vinculada a reclamos mapuches en el sur del país. Imitando a Chile, el Gobierno planteó la existencia de un grupo mapuche violento de características terroristas en la Patagonia", manifestaron los defensores.

Según las agrupaciones, estas practicas tuvieron como consecuencia la muerte de Santiago Maldonado, quien participó el 1 de agosto del año pasado en un protesta que fue reprimida por la Gendarmería y tras la cual resultó desaparecido, aunque 78 días después su cuerpo fue hallado a orillas del río Chubut.

Durante la audiencia, los representantes de la sociedad proyectaron videos en los que la Policía argentina reprime con balas de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua diversas manifestaciones, a la vez que muestran imágenes de protestantes con heridas producidas aparentemente por miembros de esa institución.

A su turno, el Gobierno argentino también mostró videos en los que los uniformados son atacados y acorralados por manifestantes, que los atacan con piedras y palos.

"Después de las manifestaciones (de diciembre) se recogieron 14 toneladas de piedras que grupos violentos lanzaron en la protesta, los daños superaron los 1,5 millones de dólares", aseveró Ramiro Badia, delegado del Estado.

De igual forma, Badia dijo que en el país "se garantiza la libertad de expresión y reunión pacífica" y que a los policías que "traspasan sus límites para contener a los violentos" serán procesados y condenados. (I)