El gobierno argentino busca dar un nuevo impulso hacia la definitiva normalización de su deuda externa en default. Quiere cancelar sus compromisos impagos desde el 2001 con el Club de París, que rondan los 9.500 millones de dólares entre capital original, intereses por mora y punitorios.

“Esto es sumamente positivo. En estos años esta situación nos jugó en contra. Debemos cerrar todos los frentes (abiertos). Un país que no paga sus deudas no es creíble. Y no hay que olvidarse de que credibilidad es igual a crédito”, afirma a EL TELÉGRAFO el economista Aldo Abram, presidente de la Fundación Libertad y Progreso.

Sin embargo, llegar a un acuerdo con el poderoso Club de París no es algo fácil. Ya el gobierno anunció en al menos dos ocasiones su disponibilidad a cerrar el caso sin lograr resultados. En el camino hay un escollo difícil de superar: el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ese organismo crediticio tuvo un enorme peso en la política económica argentina en la década del 90, cuando el entonces presidente peronista y neoliberal Carlos Menem (1989-99) implementó un plan de privatizaciones salvajes que llevó al país a su bancarrota tras la asunción de Fernando de la Rúa. La peor crisis económica y social en la historia argentina estalló en diciembre de 2001 y se saldó con una veintena de muertos, la salida del efímero gobernante y un posterior default.

El presidente Néstor Kirchner (2003-2007) pagó la totalidad de la deuda con el FMI (unos 9.800 millones de dólares) en el 2005 para romper con su influencia y reestructuró con una fuerte quita la mayoría de la deuda en manos privadas en cesación de pagos. Desde entonces, el gobierno kirchnerista, primero con Kirchner y ahora con su viuda, la presidenta Cristina Fernández, realiza una política económica independiente sin controles ni auditorías del Fondo.

Pero si el gobierno desea firmar un acuerdo con el Club de París con plazos beneficiosos para el país, debería irremediablemente aceptar que el FMI ‘meta sus narices’ en sus cuentas, según alertan economistas. ¿El motivo? Argentina no está en condiciones de abonar en un solo pago la totalidad de la deuda, como hizo hace nueve años con el Fondo, porque viene sufriendo una constante sangría en sus reservas internacionales que hoy arañan los 30.000 millones de dólares.

Por ello, el ministro de Economía, Axel Kicillof, planea abonar una suma en efectivo de unos 2.000 millones de dólares y pagos semestrales o anuales a 10 años, según trascendió. Pero el Club de París, compuesto por las 19 naciones más poderosas del mundo, obliga a sus acreedores a aceptar auditorías del FMI en caso de requerir un plan de pagos a largo plazo, lo que no está en los planes del gobierno argentino.

“Se dio un paso importante y se abrió la puerta a un proceso largo que podría llevar meses”, dijo Kicillof al regresar el martes de París. Y agregó: “No hemos pactado con el Fondo ningún programa económico y el lunes presentamos una propuesta con lineamientos al Club de París. Me parece que combinando una cosa con la otra queda claro” que el gobierno no aceptará el tutelaje del FMI.

¿El acuerdo entonces es posible? Abram, un economista crítico de la política oficial, responde: “ese es otro tema. El gobierno no quiere aceptar el monitoreo del FMI, una condición para saldar la deuda. La alternativa es pagar al contado. Pero hay escasez de divisas y eso es imposible ahora”.

Las reservas internacionales vienen cayendo en el país austral en los últimos tiempos a raíz del pago de deuda y el déficit energético y turístico. Se estima que en lo que va del año se perdieron unos 840 millones de dólares y unos 12.700 durante el 2013.

Desde el 2011 las pérdidas suman 22.400 millones.

Abram agrega que “el monitoreo no es aceptar un acuerdo Stand-By ni condiciones. Todos los miembros del Fondo deben cumplir una regla: el monitoreo anual para mirar los números y hacer recomendaciones. Es como si fuésemos socios de un club, pero no utilizamos la piscina porque no queremos pasar por la revisión médica”, manifestó.

El FMI ha sido estos años muy crítico en relación a Argentina, en especial poniendo en duda sus estadísticas oficiales, como el índice de inflación y demás mediciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), un organismo cuestionado por la oposición. La inflación oficial ronda el 10% anual, pero mediciones privadas la sitúan en 25%. De hecho el gobierno avala aumentos por esta última cifra en negociaciones paritarias (sindicatos-patronal) anuales. En febrero, el gobierno presentará una nueva forma de medición inflacionaria.

“No tiene nada de malo aceptar el monitoreo del FMI. Esto nos permitiría cerrar un acuerdo con el Club de París, lo cual sería muy beneficioso”, apunta Abram.

Un acuerdo permitiría a la Argentina destrabar créditos de países acreedores y de organismos financieros como el Banco Mundial. Pero Buenos Aires aún tiene otros frentes, como los juicios pendientes en el tribunal del Banco Mundial (CIADI) y las causas abiertas en Nueva York por los llamados “fondos buitres”, que se negaron a entrar en la reestructuración de la deuda en default (7% del total) y reclaman 1.330 millones de dólares, un verdadero dolor de cabeza para el Ministerio de Economía.

Pero para el gobierno, algo es seguro: el FMI no pisará jamás los pasillos de la Casa Rosada mientras Cristina Fernández esté el mando. El canciller Héctor Timerman, en declaraciones a Telesur, resumió el pensamiento oficial: la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el FMI, que “tanto daño nos han hecho a países como la Argentina”, son organismos que “nacieron para continuar con una política que impide el desarrollo de los países y los mantiene económicamente colonizados”.

PESO ARGENTINO SUFRE LA PEOR DEVALUACIÓN

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino ayer en el cierre del mercado de cambios con una inyección de unos 100 millones de dólares para reducir la brusca depreciación del peso, que cerró a 7,75 unidades por dólar para venta y 7,65 para compra.

La moneda argentina se depreció un 8,54 por ciento, la mayor caída en un solo día desde marzo de 2002, cuando el país sufría los efectos de una fuerte crisis económica en la que se abandonó la paridad con el dólar.

“La política del Banco Central fue de flotación administrada del tipo de cambio y cuando se entendió que el precio no era el adecuado se decidió intervenir”, dijeron fuentes oficiales y financieras. (EFE)