Buenos Aires/Washington

El 93% de los bonistas que en 2005 y 2010 reestructuraron la deuda con el gobierno argentino y debían cobrar ayer sus valores, en Nueva York, no pudieron hacerlo. ¿Por qué? La justicia estadounidense frenó dicho pago y ordenó que se cancelen adicionalmente $1.330 millones a otros acreedores que no negociaron.

Ahora la cuenta regresiva comenzó para el Gobierno Nacional. La decisión del juez Thomas Griesa de anular el pago a los tenedores de bonos reestructurados, que se realiza a través del Bank of New York Mellon (BONY), dejó al país en situación de incumplimiento y en un período de gracia de 30 días para evitar caer en default (suspensión de pagos).

Pese a las circunstancias, el Gobierno argentino argumentó ayer que no se puede hablar de una posible suspensión de pagos motivada por el conflicto con los fondos especulativos en Estados Unidos, porque “Argentina ha manifestado su voluntad de pago y, además, depositó $ 1.000 millones el jueves pasado correspondientes” al resto de acreedores.

Según el jefe de Gabinete del Ejecutivo de Cristina Fernández, Jorge Capitanich, “se pretende incluir un eufemismo que es default técnico”, lo que no se puede aplicar “cuando un país paga y cumple sus obligaciones financieras”.

“Los recursos del Estado nacional están depositados en la cuenta del Banco Central de la República Argentina a disposición de los acreedores que se adhirieron voluntariamente al canje”, defendió el funcionario en una rueda de prensa.      

La semana anterior, el juez Griesa falló a favor de fondos especulativos NMl Capital, Aurelius, Blue Angel y otros 15 tenedores de deuda argentina que litigaron en la justicia estadounidense y que gracias a su sentencia podrían cobrar el 100% de deuda en default por un valor de $ 1.330 millones.    

La sentencia del juez ya fue refrendada por una corte de apelaciones en Estados Unidos y la Corte Suprema se negó a ver el caso, con lo cual el fallo quedó en vigor.

NML señaló ayer que Argentina no cumplió la recomendación del juez, que nombró un supervisor para negociaciones, y no se ha sentado a discutir. “NML está en la mesa de negociación, pero Argentina se ha negado a negociar cualquier aspecto de esta disputa”, sostuvo la empresa en un comunicado.

En medio de este escenario, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó ayer, a pedido de Argentina, convocar para este jueves a los cancilleres de los miembros del organismo a una reunión de consultas para discutir la batalla legal de ese país con las firmas de fondos especulativos.

La propuesta cosechó el respaldo de una veintena de países, entre ellos Ecuador, que expresó su respaldo al gobierno argentino.   

En ese sentido, el secretario General de la institución, José Miguel Insulza, manifestó su solidaridad con Argentina y resaltó la “urgencia” del tema “porque se están tomando decisiones y se están venciendo plazos”.

La deuda que el Gobierno argentino contrajo con los llamados “fondos buitre” se remonta a antes de la suspensión de pagos decretada en 2001, cuando se produjo el llamado “corralito” en el país latinoamericano.

Desde entonces, Argentina ha realizado 2 canjes de bonos de deuda, en 2005 y 2010, a los que se acogieron un 93% de los acreedores. Mientras que el 7% restante, los “buitres”, siguen litigando para que Argentina efectúe el 100 % del pago.