Una verdadera rebelión abraza en todos los niveles a Argentina, incluida en la propia justicia, ante la posibilidad de una liberación generalizada de represores de la última dictadura por un fallo de la Corte Suprema.

Nueve de cada 10 argentinos, según un sondeo de la Consultora de Imagen y Gestión Política (CIGP), están en contra de esta especie de amnistía encubierta. Incluso la justicia de la provincia andina de San Juan declaró inconstitucional la medida y tres de los jueces de la corte que avalaron el fallo que le abre paso a la impunidad quedaron imputados en otra causa paralelamente.

Las protestas y las medidas judiciales para frenar este fallo ocurren en todo el país austral, donde hoy organismos de derechos humanos y sociales aguardan a una multitud en la histórica Plaza de Mayo para repudiar el fallo del máximo tribunal.

“Será una manifestación multitudinaria. De todo un pueblo, de toda una sociedad indignada y herida por este fallo judicial absurdo”, dice a EL TELÉGRAFO Taty Almeida, la histórica referente de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

La movilización busca reeditar una protesta similar que en 1990 repudió el indulto dado a los exdictadores por el entonces presidente Carlos Menem (1989-99).

La Corte Suprema de Justicia sorprendió a todos la semana pasada cuando aplicó en el caso del represor Luis Muiña, condenado a 13 años de prisión, la llamada ‘ley del 2x1’ vigente entre 1994 y 2001. Esta norma contabilizaba por dos la cantidad de años que un detenido sin condena pasó tras su segundo año en la cárcel. Muiña quedó en libertad. Desde entonces otros condenados pidieron beneficiarse con la resolución.

El escandaloso fallo fue aprobado por tres votos a favor y dos en disidencia. La medida fue respaldada por los dos jueces designados por el presidente Mauricio Macri tras asumir el poder, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz y la magistrada Elena Highton. El caso de esta jueza es cuanto menos curioso: había estado en conflicto con el Gobierno por rechazar jubilarse a los 75 años, pero un fallo judicial de primera instancia la favoreció y el Ejecutivo, paradójicamente, decidió no apelar el fallo en febrero pasado.

La rebelión ciudadana contra este fallo alcanzó todos los órdenes de la sociedad. El arco opositor repudió la resolución, al igual que los organismos de derechos humanos. Referentes del gobierno de Macri salieron entonces a sumarse a la repulsa. “Este fallo reabre más heridas que las que puede conciliar”, dijo el senador oficialista Federico Pinedo.

Incluso, la secretaría  de Derechos Humanos de La Nación, a cargo de Claudio Avruj, pidió como querellante que no se aplique la jurisprudencia del caso Muiña por considerarlo desproporcionado y consideró que la normativa internacional establece que “no pueden acogerse al beneficio que hubiera otorgado la ley del 2x1 aquellas personas que se encuentren imputadas por delitos de lesa humanidad”.

Tres jueces imputados

En tanto, el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió que se abra una causa judicial contra los tres jueces que votaron a favor de la medida después de que el abogado Marcelo Parrilli los denunció por prevaricato.

“Este acusador público considera que la solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar”, argumentó Marijuán en su dictamen. La causa recayó en el juzgado de Daniel Rafecas.

Pero Marijuán no fue el único. Los tribunales inferiores comenzaron a rebelarse contra el fallo. Por ejemplo, la justicia de la provincia andina de San Juan, fronteriza con Chile, declaró la inconstitucionalidad de la aplicación del cómputo del 2x1 para un delito de lesa humanidad.

El fallo provincial fue firmado por los jueces federales Héctor Cortez, Raúl Fourcade y Alejandro Piña ante un requerimiento del fiscal general provincial, Francisco Maldonado, que se negaba a acceder al pedido de beneficio formulado por Alejandro Lazo, condenado en 2013 a 10 años de prisión por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados en la última dictadura militar.

“Entendí que no era aplicable. Viola la proporcionalidad de la pena, viola toda la normativa internacional. La normativa (del 2×1) estuvo vigente entre 1994 y   2001, y para la fecha de Lazo no estaba vigente. Consideré la aplicación de la ley en el tiempo”, explicó Maldonado. Agregó que el régimen del 2×1 “no es aplicable a ningún delito, menos a los de lesa humanidad”.

La libertad de Muiña -acusado de participar en 1977 en el secuestro de 22 trabajadores del hospital Posadas, periferia oeste de Buenos Aires- desató una ola de solicitudes para sumarse a ese beneficio de otros represores condenados por delitos similares. Se estima que 300 estarían en condiciones de exigir ese mismo trato. (I)