Pese a las críticas y rechazos de la oposición en el Congreso, el ministro de Hacienda argentino, Alfonso Prat-Gay, dijo que confía en cumplir el 14 de abril el pago de $ 4.653 millones a los fondos especulativos (buitres) en Estados Unidos.

El ministro se pronunció un día después de que se alcanzara un principio de entendimiento con gobernadores provinciales para que respalden con sus legisladores en el Congreso la ley para habilitar el pago. El gobierno está en minoría pero intenta captar voluntades de la oposición más amigable.

"Nosotros seguimos pensando en que vamos a cumplir con esa fecha" del 14 de abril, dijo el ministro en una entrevista al diario Clarín publicada este viernes.

Prat-Gay reconoció que aunque se suscribió el preacuerdo a principios de mes en Nueva York con los fondos más duros, NML Capital y Aurelius, entre otros acreedores, Argentina enfrentará nuevos procesos con otro grupo de bonistas.

En el debate en el Congreso, la oposición advirtió sobre el riesgo de litigios de un 4% de tenedores de deuda en 'default' que todavía rechaza la propuesta argentina.

"Hay una parte muy importante de esos fondos que rechazan la propuesta con los que no queremos negociar ni estamos interesados en que acepten la propuesta argentina", dijo el jefe de la cartera económica del gobierno de centroderecha de Mauricio Macri.

Prat-Gay indicó que, según sus análisis, esos fondos están reclamando pagos por bonos que prescribieron y admitió que se trata de "un núcleo duro donde se abrirá un proceso de litigios".

"De todas maneras, para aquellos que sí tengan bonos válidos y que aún no se decidan a aceptar la oferta, la propuesta seguirá en pie", apuntó.

El miércoles el gobierno argentino cerró nuevos preacuerdos con acreedores para pagar deuda en 'default' por más de $ 190 millones, informó el mediador en Nueva York, Daniel Pollack.

Todos estos preacuerdos se enmarcan en la oferta presentada el pasado 5 de febrero por la nueva administración de Macri para pagar $ 6.500 millones, sobre un total de 9.000 millones, a fondos especulativos y otros acreedores para poner fin al multimillonario juicio por el 7% de deuda en 'default' desde 2001.

Para sellar estos acuerdos el juez estadounidense Thomas Griesa puso como condición a Argentina que una nueva ley derogue otra que impide ofrecer cualquier mejora a un acreedor sin otorgársela de inmediato a todos los demás, llamada Cerrojo.

Sólo si se elimina la ley Cerrojo, Griesa levantará el bloqueo de un pago de la deuda por $ 539 millones que ordenó como castigo a Argentina por incumplir su sentencia en favor de los fondos litigantes.

Pero el frente opositor kirchnerista (peronismo de centroizquierda), primera minoría legislativa, y un grupo de diputados de izquierda intentarán impedir que el gobierno forme quórum. De lo contrario tratarán de bloquear después el trámite en el Senado, donde son mayoría. (I)