La deuda externa le está dando un dolor de cabeza a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el tramo final de su mandato. Se ha transformado en una bola de nieve que se desliza a gran velocidad por la ladera principal de la economía argentina.

“Esa bola de nieve la derretimos y se convirtió en una bolita manejable para nuestro presupuesto”, pero el  juez  estadounidense Thomas Griesa, que ordenó al país austral pagarle una suma millonaria a los fondos ‘buitre’ que poseen bonos en default, quiere que vuelva a ser una bola impagable”, graficó el ministro de Economía, Axel Kicillof.

Griesa amenaza con declarar a la Argentina en ‘desacato’ por el incumplimiento del fallo que ordenó a Buenos Aires pagar unos $ 1.330 millones a estos fondos ‘buitre’ que adquirieron bonos que no ingresaron en los dos canjes de deuda de 2005 y 2010.

Argentina viene negociando sin éxito con estos holdouts para honrar sus compromisos externos, pero cumplir con la resolución de Griesa abriría el grifo a una serie de demandas de los bonistas que ingresaron al canje de deuda con quitas de hasta el 65%. Una cláusula especial, que vence a fin de año, les garantiza a estos bonistas el mismo trato que podría darle el Gobierno a tenedores de bonos que quedaron fuera de la reestructuración oficial. En resumen: si la Argentina paga lo que Griesa impone, el país debería desembolsar unos $ 15.000 millones más a los bonistas que tienen su acreencia normalizada.

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Las negociaciones con los fondos ‘buitre’ por alcanzar un acuerdo fracasaron. Quieren el dinero ya. Su razonamiento es simple: los avala el fallo del juez  Griesa. El magistrado incluso ‘congeló’ casi $ 850 millones que Argentina había girado a Nueva York para pagar en julio a los bonistas ‘oficiales’. La suma está ahora en un limbo jurídico y el país entró en ‘default técnico’. Quiere pagar, pero el fallo judicial se lo impide.

La mandataria cambió ahora de estrategia. En un discurso a la nación, el martes por la noche, anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que, entre sus puntos más importantes, cambia el domicilio de pago de los títulos de deuda restructurados. El plan prevé depositar los pagos en una cuenta del Banco de la Nación Argentina en el Banco Central, desplazando así  al Bank of New York Mellon (BoNY) como agente fiduciario. De esa manera se evitaría otro ‘congelamiento’ de fondos por parte del juez Griesa.

El Gobierno planea convertir en ley el proyecto antes del 30 de septiembre, cuando deberá desembolsar  nuevos pagos a bonistas reestructurados por unos $ 180 millones. “Argentina está sembrando certidumbre y un canal eficiente para que los bonistas puedan cobrar”, dijo Kicillof.

Pero los bonistas reestructurados deberán aceptar la propuesta y el cambio en el lugar de pago para que Argentina pueda salir del ‘default técnico’ en el que cayó en julio.

Por lo pronto, el abogado de los bonistas italianos, Tulio Zembo, anunció su respaldo al proyecto. Otros, como los nucleados en la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (Adapd), la rechazaron en forma tajante.