La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quiere tomar el toro por las astas en materia de seguridad. En cadena nacional anunció varios cambios al proyecto de reforma del Código Procesal Penal que debate desde ayer el Congreso y que incorpora la expulsión de los delincuentes extranjeros y la prisión preventiva para responsables de casos de “conmoción social”. El objetivo: combatir la liberación de criminales que “entran por una puerta y salen por la otra” tras ingresar a prisión.

La inseguridad es hoy uno de los temas de mayor preocupación de los argentinos junto a la inflación. Si bien el país es considerado uno de los más seguros de la región junto a Chile y el vecino Uruguay, vive una ola de crímenes y robos inédita que conmociona a la sociedad. Estos hechos cobran aún más trascendencia ya que ocupan los espacios estelares de todos los noticieros de TV con móviles en vivo en casos graves como asesinatos y hasta robos a casas de familia.

“Hace pocos días tuvimos la experiencia de una persona que cometió un delito a vista de todo el mundo y salió sorprendentemente en libertad. Estamos proponiendo ahora la prisión preventiva que tendrá en cuenta la conmoción social que haya generado”, dijo la mandataria.

La Presidenta aludió así a un intento de robo de un delincuente abordo de una motocicleta a un turista canadiense que filmó todo con una cámara adosada al casco de su bicicleta cuando paseaba por el barrio porteño de La Boca. El video se hizo viral en la red en todo el mundo. El delincuente recuperó su libertad, aunque volvió a ser detenido por resistencia a la autoridad en otro hecho.

“No solo importa que la pena sea grave sino que la sociedad se sienta protegida. Y se tendrá en cuenta la reincidencia del autor. Es un clamor de la sociedad que la reincidencia sea tomada como una causal para la prisión preventiva. Quienes cometan delitos graves van a estar presos desde el día que cometan el delito”, sostuvo la jefa de Estado.

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La reforma prevé el final de los escritos procesales y la universalización de la oralidad de los juicios. Además se pasa de un proceso inquisitorio u otro acusatorio, que obliga a la existencia de dos instancias separadas: el fiscal investiga y el juez solo juzga. Actualmente el sistema es mixto. Pero las víctimas no serán meros querellantes sino que podrán participar en el proceso. Otro punto de la reforma busca que la instrucción de las causas deberá realizarse en un plazo de un año y el juicio oral deberá iniciarse entre cinco y 30 días después de terminada la investigación.

Pero sin dudas el punto más controversial es el de la expulsión de delincuentes extranjeros. Es “una protección que merecemos los argentinos y el conjunto de la sociedad”, indicó la mandataria Fernández de Kirchner.

Las reformas del Código Procesal Penal prevén que los extranjeros detenidos in fraganti cometiendo un delito serán expulsados en forma automática del país y no podrán volver por 15 años. Sin embargo, la incidencia de ciudadanos extranjeros en el mapa del delito es mínima.

De acuerdo al último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena publicado en 2012 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, solo el 5,7% de los presos en la Argentina son extranjeros. En total sumaban 3.534 personas, en su mayoría, paraguayos, bolivianos y peruanos. A pesar de ello, un sondeo en el sitio digital del opositor diario Clarín reveló que el 94,8% de los consultados está de acuerdo con las expulsiones contra el 5,2% que se mostró en contra.

LAS PROPUESTAS DEL PROYECTO

Las víctimas van a poder participar en el proceso junto al fiscal y al juez, exigiendo y reduciendo medidas e inclusive proponiendo la dirección del proceso cuando el juez y el fiscal no lo hagan.

La investigación se realizará en un año, máximo, y el juicio oral deberá hacerse en un tiempo que oscilará entre 5 y 30 días después de terminada la instrucción.

Quienes cometan delitos graves van a estar presos desde el primer día de investigación y condenados en menos de 10 meses.

En ningún caso el vencimiento de los plazos genera la prescripción de la pena.

Los extranjeros que tengan una situación irregular en su presencia en el país y sean sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito serán expulsados y no podrán reingresar por 15 años.