Buenos Aires

Luego de que el fondo NML Capital denunció la falta de voluntad del Gobierno argentino para llegar a un acuerdo, el Ministerio de Economía confirmó que enviará a Nueva York una delegación en representación del país a negociar con los holdouts en las oficinas del mediador Daniel Pollack.

La reunión será el 7 de julio, cuando haya pasado una semana de la moratoria financiera en la que incurre el país desde ayer por no haber podido pagar vencimientos de deuda por $ 539 millones, depositados en 2 cuentas del Bank of New York (BONY) en el Banco Central.

De este modo, Argentina reitera su vocación para negociar en condiciones justas, equitativas y legales que contemplen los intereses del 100% de los acreedores, lo que significa puntualmente que se permita cobrar a los bonistas reestructurados en el vencimiento en curso. El Ministerio de Economía no comunicó quiénes integrarán la delegación ni descartó que sea el propio secretario de esta cartera, Axel Kicillof el que la encabece.

La declaración llegó horas después de un comunicado firmado por Jay Newman, administrador de carteras de NML Capital, en el que afirmó: “”No hay negociaciones en marcha ni ha habido ninguna negociación”. Y agregó: “El Gobierno de Argentina ha elegido poner al país al borde del default. Sinceramente esperamos que reconsidere este camino hacia un callejón sin salida”.

Argentina ingresó ayer formalmente en moratoria y tiene hasta el 30 de julio para pagar los vencimientos que no pudo saldar el lunes por orden del juez de Nueva York Thomas Griesa, que el viernes pasado ordenó al BONY, agente fiduciario del país, devolver el dinero que el Gobierno había girado para liquidar bonos de leyes de Estados Unidos y Europa por $ 539 millones.

El Gobierno argentino insistió el lunes en que el jueves pasado depositó más de mil millones de dólares para pagar a los bonistas, de los cuales $ 539 fueron transferidos al BONY y que, por lo tanto, ya pagó.

El BONY no movió los dólares de las 2 cuentas que tiene en el Banco Central, por lo que hasta el lunes seguían computándose como reservas.

Los bonistas de Alemania pidieron al juez Griesa que libere los fondos destinados a pagar sus papeles, emitidos bajo legislación europea y aún así sujetos a embargo. Kicillof contaba con esa presión de bonistas a Griesa y al propio BONY, que debe decidir entre incumplir la orden judicial o incumplir el contrato que tiene con Argentina.

En paralelo, el Gobierno avanza en la estrategia de presión internacional a la justicia de Estados Unidos. El lunes, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó que los cancilleres de los países miembros escucharán mañana en Washington a Kicillof explicar la contienda legal que conmina al país a pagarle $ 1.330 millones a NML Capital y otros litigantes por sus bonos en default, en detrimento del 92,4% de los acreedores que aceptó el canje de deuda.

La OEA votó, a pesar de la abstención de la representante de Estados Unidos, Carmen Lomellin, quien pidió no interferir”con las decisiones de la justicia de su país. Al secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, poco le importó y calificó de decisión insólita la del juez de Nueva York, Thomas Griesa, que dejó al país al borde de un nuevo default. La reunión de la OEA se suma a la carta que el G-77 más China envió la semana pasada al Presidente de Estados Unidos y la justicia de ese país en defensa de Argentina y a la declaración de la ONU.

El Gobierno busca así negociar con los ‘fondos buitre’ con cierto poder de presión sobre la justicia de Estados Unidos, a la que acusa de empujar al país al default. El país no puede hacer una oferta mejor a la del canje antes del 31 de diciembre próximo por la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) de los bonos reestructurados, por lo que el margen para llegar a un acuerdo con las firmas de los ‘fondos buitre’ es mínimo.

Esta cláusula obliga al Gobierno argentino a ofrecer a los bonistas que ya entraron al canje lo mismo que se les ofrezca a quienes optaron por el juicio, si es que a estos se les ofrece algo mejor.

DATOS

La economía argentina colapsó en 2001. Casi $ 100.000 millones declarados en default. Los bancos de inversión aceptaron un canje de bonos viejos por nuevos.

Entre 2005 y 2010 se adhirieron al canje 93% de los bonistas, con rebajas de hasta 70% de las deudas. Un 7% de bonistas apostó por recuperar el 100% de la deuda en efectivo a través de juicios.

Así, las empresas NML Capital, el fondo Aurelius, Blue Angel y 15 tenedores argentinos de deuda en default ganaron un juicio contra Argentina y reclaman el pago de $ 1.330 millones.

Hay bonos por unos $ 20.000 millones que no entraron al canje y unos $ 80.000 millones que sí entraron.

Solo de capital inicial, si se aplicara la cláusula RUFO, obligaría a Argentina a pagar en efectivo más de $ 100.000 millones.