Eran 8 trabajadores que acababan de salir de una fábrica del barrio porteño de Flores, el mismo donde nació el papa Francisco. De pronto, dos policías les dieron la orden de alto, les hicieron colocar las manos contra la pared, revisaron en forma minuciosa sus bolsos y los palparon de armas. Les preguntaron de dónde venían. Luego, les pidieron documentos y los dejaron ir.

La escena, filmada con un teléfono celular por un joven nacido en democracia, parece retrotraer a las épocas más oscuras de la dictadura militar (1976-83), cuando las fuerzas de seguridad y el ejército detenían a la gente en las calles en forma masiva. “Nunca había visto algo así”, cuenta Matías, el autor del video casero, a la televisión C5N.

Hacía más de 30 años que situaciones como ésta no se veían en Argentina. Hasta hace unas pocas semanas la policía tenía prohibido pedir documentos a la población en la calle. Pero algo cambió: el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad de Buenos Aires avaló la facultad de la policía para pedir documentos a transeúntes en lugares públicos como forma de ‘prevenir delitos’. Ahora, como nunca antes en democracia, los agentes pueden detener por la calle a cualquier habitante del país austral ante una nimia sospecha.

Esta vía libre permite a las fuerzas de seguridad demorar a un ciudadano si lo ve sospechoso. Pero en la enorme mayoría de los casos estos operativos involucran a personas con características comunes:  tez oscura, culpables de lo que en Argentina se llama sarcásticamente como ‘portación de cara’. Las clases medias y altas, mayoritariamente descendientes de europeos, jamás sufren este tipo de atropellos. Los pobres de la Argentina ‘mestiza’, los trabajadores más humildes, son los apuntados.

La policía increpó a Matías por filmar el video. Pero el joven no tuvo miedo. Uno de los agentes, en forma vulgar, se tomó los genitales y le dijo: “¡Fílmame ésta!”. Después, cuando se alejaban, Matías le comentó al mismo policía que lo que acababa de pasar solo sucedía durante la dictadura. “Tiempos mejores” –le espetó el policía dándole la espalda.

Argentina vive una nueva realidad en materia de seguridad desde la asunción del presidente derechista Mauricio Macri el 10 de diciembre. El viernes pasado una represión feroz fue desatada por fuerzas de gendarmería en la villa 1-11-14 de la zona sur de la capital. Allí se asientan los sectores más marginales, gran parte de ellos extranjeros de países vecinos.

Las víctimas fueron los integrantes de una ‘murga’ vecinal, integrada por hombres, mujeres y niños, que ensayaban para los desfiles de carnaval. La gendarmería llegó a la villa porque en la zona –una de las más peligrosas de la ciudad- había tres vehículos robados.  Las fuerzas de seguridad, según contaron vecinos, quisieron ingresar por el mismo lugar donde un centenar de miembros de la ‘murga’ ensayaban sus bailes.

Gustavo González, director del grupo, contó que les pidió a los gendarmes si podían ingresar por otro sector ya que sería imposible evacuar a 100 personas de ese lugar, un pasaje angosto, en breve tiempo. Pero los gendarmes avanzaron y comenzaron una represión sin precedentes, según las denuncias.

Los balazos de goma coparon la escena en medio de gritos desgarradores de mujeres que pedían detener la represión.  “Aquí hay criaturas (niños pequeños)”, clamaban. El hijo de González, Jonathan, de 14 años, recibió un balazo de arma de fuego en la pierna.  Florencia Torres, miembro de la murga, dijo que sufrió 16 balazos de goma en todo el cuerpo y mostró las heridas ante las cámaras. “Recibí 16 impactos de balas de goma para proteger a mi hijo” de 8 años.

El sitio digital de la revista alternativa La Garganta Poderosa escribió que un niño increpó a un gendarme. “¿Por qué me tiraron a mí, que tengo 8 años nada más? Y ahí nomás (el efectivo), me respondió: ‘Tomatela, pendejo de mierda, porque la próxima te reventamos la cabeza’”. En total hubo 11 heridos. La gendarmería dijo que dos de sus efectivos también sufrieron agresiones. Pero la fiscalía afirmó que los murgueros no estaban armados.

“Las fotos muestran que los efectivos actuaron sin adecuarse a los protocolos que impiden usar las balas de goma a escasa distancia ni disparar para dispersar a grupos de personas”, dijo Manuel Trufo, coordinador del equipo de Violencia Institucional y Seguridad Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Incluso, desde el diario Clarín, afín al gobierno macrista, una fuente judicial dijo que “esto es gravísimo. Recuerda a otras épocas. Cuando las fuerzas de seguridad cargan postas de goma y de plomo es porque están desgobernadas”.

Toda esta situación se enmarca además en la decisión del presidente Macri de declarar, a través de un decreto, el estado de emergencia en seguridad durante un año. La medida contempla la convocatoria a efectivos retirados y la posibilidad de ‘hacer uso de la fuerza’ contra aeronaves clandestinas para luchar contra el narcotráfico.

El decreto establece “la aprobación de Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las Fuerzas Armadas, orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo Argentino”.

El CELS dijo que la decisión del gobierno de Macri “produce un quiebre en la distinción entre seguridad interior y defensa nacional”. Aseguró que “para dar respuesta a demandas sociales legítimas se realizan anuncios efectistas pero ineficaces, con el agravante de que en esta oportunidad la escalada punitiva llega a habilitar una pena de muerte encubierta”.

“Se le atribuyen a las Fuerzas Armadas nuevas facultades para intervenir en cuestiones de seguridad pública y no de defensa nacional. Las Fuerzas Armadas no se limitarían ahora a controlar el espacio aéreo, sino que también tendrán la potestad de derribar aviones que no se identifiquen, sin necesidad de consultar a las autoridades políticas para hacerlo”, enfatizó. (I)

Los cuadros de Néstor y Hugo fueron retirados

Las remodelaciones que emprendió en la Casa Rosada el liberal Mauricio Macri desde su llegada a la presidencia argentina en diciembre último incluyeron este lunes la remoción de los cuadros del exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007) y del expresidente venezolano Hugo Chávez de la sede gubernamental.

Los cuadros que recibían a los visitantes en un balcón contiguo al Salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno fueron trasladados al Museo del Bicentenario, según indicó una fuente gubernamental que cita la prensa local.

Las obras formarán parte de una exposición permanente en ese espacio ubicado detrás de la Casa de Gobierno, según se precisó.

Los retratos pertenecían a la Galería de los Patriotas Latinoamericanos de la Casa de Gobierno argentina, junto a otra veintena de figuras políticas históricas de la región.

La galería está integrada también por retratos de Juan Domingo Perón, Eva Duarte de Perón, José de San Martín, Simón Bolívar, Getúlio Vargas, José Martí, José Gervasio Artigas, Bernardo O’Higgins y Salvador Allende, entre otros.

La reubicación forma parte de las obras de remodelación de la Casa Rosada, que ya no luce la profusa iluminación fucsia que la caracterizó durante el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner.

En su lugar la sede de gobierno fue iluminada con una más sobria luz rosada, según decidieron las nuevas autoridades del gobierno de Cambiemos, el frente de centroderecha que llevó a la presidencia a Macri. (I)

Despiden a periodistas de medios públicos

Un grupo de periodistas de la Radio Nacional de Argentina fueron despedidos este lunes. Cuando los comunicadores llegaron a laborar se les notificó la terminación de sus contratos. “Estamos siendo marginados de la Radio Pública y no nos dan razones”, aseguró a medios de ese país Jorge Halperín, uno de los comunicadores despedidos.

La nueva directora de la radio, Ana Gerschenson, vinculada al grupo El Clarín, sostuvo que los contratos de esos colaboradores ya no están vigentes.

Los comunicadores, encabezados por Cynthia García, Carlos Barragán, Edgardo Mocca, Roberto Caballero, Luciano Galende, Mariana Moyano y Nora Veiras protestaron el lunes en la estación.

Gerschenson habló con los comunicadores y les dijo que cada uno recibió una “carta documento”, además que se publicó en internet la resolución que oficializaba que los contratos laborales habían caducado.

Según publicó el periódico Ámbito, el secretario de Medios Públicos, Jorge Sigal, dijo que “no hubo despidos, hubo rescisión de supuestos contratos que no vimos” y subrayó que el objetivo de la gestión de los medios públicos será “recuperar el profesionalismo”.

Edgardo Mocca, uno de los periodistas despedidos, increpó a Gerschenson para que detalle si los despidos masivos se habían adoptado por cuestiones ideológicas. “Mi vara es el profesionalismo”, se limitó a responder la nueva directora del medio. (I)