A diez años de haber declarado la cesación de pagos más importante de la historia moderna y luego de una sofisticada reestructuración de la mayor parte de su deuda soberana, Argentina volvió al centro del escenario financiero internacional.

El reciente capítulo de la zaga del país que gobierna Cristina Fernández tuvo lugar en los tribunales federales estadounidenses, en la última semana de noviembre. En esos días, un magistrado dictó una orden que mantuvo en vilo al sistema financiero global, renovó el castigo de las calificadoras de riesgo contra la Argentina, jaqueó las reestructuraciones de deudas soberanas como vía para aliviar a los países en problemas y puso en duda la hegemonía de Nueva York como centro de las finanzas globales.

El juez del Distrito Sur de Manhattan, Thomas Griesa, decidió el 21 de noviembre que el país debe abonar, en efectivo y en un pago, el total de lo reclamado en un juicio iniciado por bonistas que rechazaron dos canjes de deuda diseñados por el Gobierno argentino.

La cifra en juego, unos 1.300 millones de dólares, no representa un riesgo para la tercera economía de América Latina, pero lo que encendió las alarmas fue que Griesa reconoció a los litigantes el valor inicial de los títulos, es decir sin la quita que el resto de los acreedores aceptó en las reestructuraciones de 2005 y 2010. Estos canjes fueron aprobados por la Comisión de Valores estadounidense.

El mercado sabe que solo hay alguien peor que un mal pagador: un acreedor que logre aventajar al resto. Por eso, la decisión de Griesa no solo despertó la ira del gobierno de Fernández, sino que fue rechazada por grandes bancos acreedores y hasta por la Reserva Federal de Nueva York, que recomendó al magistrado no hacer lugar al reclamo judicial de los llamados fondos buitres. Estos bonistas, liderados por NML Capital, del financista estadounidense Paul Singer, habían dado muestras de su poder de fuego a principios de octubre último. Lograron que un tribunal de Ghana retenga en el puerto de Accra la Fragata Libertad, un buque de guerra que todavía permanece en las costas africanas a la espera de la decisión de un tribunal internacional.

Pero en realidad, el derrotero para Argentina comenzó mucho antes. El 23 de diciembre de 2001, el presidente interino Alberto Rodríguez Saá declaró ante el Congreso de la Nación el cese de pago de la deuda externa, en medio de una crisis económica que sumió a la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza.

Los compromisos del país con el total de acreedores sumaban entonces unos 150.000 millones de dólares. La mitad de esa deuda tenía vencimiento en el corto plazo y 97% estaba denominada en moneda extranjera. La deuda con acreedores privados y organismos internacionales representaba 54% del Producto Interno Bruto (PIB), 450% de las exportaciones y 760% de las reservas internacionales del Banco Central, según datos de la consultora Ecolatina. La cesación de pagos comenzó a ser regularizada mediante la primera reestructuración de deuda en enero de 2005. El fallecido presidente Néstor Kirchner y su primer ministro de Economía, Roberto Lavagna, diseñaron un canje que significó una quita de 65% del capital y que alivió el perfil del endeudamiento argentino. Dos años después, la deuda con privados y organismos cayó a 15% del PBI, a 67%  de las exportaciones y a 142% de las reservas.

Esta situación fue posible gracias al mecanismo de reestructuración de deuda que hoy se debate en Europa y que es resistido por los organismos financieros internacionales y los acreedores de las naciones. El canje argentino tuvo un segundo tramo que se abrió el 15 de abril de 2010, bajo la presidencia de Cristina Fernández. Entre las dos operaciones, el gobierno alcanzó la adhesión de 93% de los acreedores. El resto de los bonistas, entre estos el mencionado NML Capital, decidió litigar en la justicia de los Estados Unidos. La deuda en default suma hoy 11.700 millones de dólares, 2,2% del PBI.

En ambas operaciones de canje, el Gobierno argentino emitió deuda bajo legislación de Nueva York como garantía de cobro para los acreedores internacionales. Entre los nuevos bonos suscribió una serie de cupones atados al crecimiento de la economía, cuyo próximo pago por unos 3.500 millones de dólares se concretará en dos semanas, a través del Banco New York Mellon.

Precisamente, la orden del 21 de noviembre del juez Griesa incluyó un eventual embargo de esos fondos que  Argentina debe pagar a los bonistas que sí ingresaron en los canjes. Esto puso al país al borde de un inédito default, porque desea honrar sus compromisos y tiene los recursos para hacerlo. Las calificadoras de riesgo se adelantaron y rebajaron a la categoría de “bonos basura” la deuda soberana de Argentina, a pesar de que el país no ha dejado de honrar sus compromisos desde 2005.

La decisión de Griesa fue apelada por Argentina y obtuvo el 28 de noviembre un fallo favorable de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos. Tres jueces de este tribunal suspendieron la decisión de Griesa y ampliaron el plazo judicial hasta el 27 de febrero de 2013, lo que habilitó al país a realizar sin problemas el pago el 15 de diciembre y evitar un nuevo default. La batalla legal podría llegar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos.