El nuevo gobierno argentino de Mauricio Macri cumplió con su promesa y ayer puso fin a las restricciones del mercado de cambio, lo que trae consigo una depreciación de la moneda local: el peso argentino. Se desmonta así el mecanismo que impuso la expresidenta Cristina Fernández en octubre de 2011, tras obtener la reelección.

El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda y Finanzas de Argentina, Alfonso Prat-Gay, quien  dijo en una rueda de prensa “venimos a anunciar el fin del cepo cambiario en la Argentina”.   

El punto final a las limitaciones en la compra de divisas y la reunificación del mercado de cambios era una de las promesas centrales de Macri en la campaña electoral de este empresario liberal de derecha que sucedió a la centroizquierdista Cristina Fernández (2007-2015).

El tipo de cambio en el mercado oficial se ubica en 9,81 pesos por dólar. En el mercado paralelo, creado desde las restricciones de 2011, se cotiza en torno a los 14,50 pesos por dólar, monto por el que estiman los analistas que pudiera ubicarse tras el anuncio de Prat-Gay.

La medida se aplica en una economía que luce estancada o con un bajo crecimiento, y una inflación que las consultoras privadas calcularon en más de 25% para este año y una cifra superior al 35% para 2016 en caso de devaluación.   

El pacto

El acuerdo al que llegó el Banco Central con entidades financieras y mercados de futuros para reducir el impacto de la devaluación en el pago de las compensaciones de ese tipo de contratos allanó el camino para llevar a cabo la medida. El organismo el martes convalidó una subida de tasas para la banca de hasta 38%, con la intención de hacer competitivos los depósitos frente al dólar. También se espera que con la devaluación se inicie esta semana la liberalización del mercado para la compra minorista, la cual inicialmente mantendrá ciertos límites, indicó Página 12.

El presidente Mauricio Macri indicó el lunes en la Conferencia de la Unión Industrial que esta semana se iniciará la “normalización del mercado cambiario”. En el organismo monetario ya se encuentran redactadas las normas para eliminar las restricciones a la compra. Para cumplir con esa promesa de campaña requiere de un colchón adicional de unos $ 10.000 millones para las reservas, que ayer cerraron en $24.282 millones tras una nueva caída de 183 millones. Para esto el Ministerio de Hacienda y el Banco Central buscan que se cristalice el aporte de unos $8.000 millones comprometidos por los bancos JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank y HSBC a través de operaciones de repo. El Goldman Sachs confirmó su participación en el préstamo de corto plazo por $ 2.000 millones.    

La devaluación

Por su parte, la devaluación, sumada al quite de retenciones para todos los granos –con excepción de la soja, que bajó 5 puntos–, incentivará a los agroexportadores a liquidar el remanente de su cosecha. El compromiso del sector es ingresar unos $ 330 millones diarios, sobre un total estimado de $ 5.000 millones retenidos. También se espera el aporte de los bancos locales a partir de la resolución del Central que los obliga a desarmar sus posiciones en dólares, tanto físicos como en contratos a futuro, lo que podría implicar el ingreso de unos $ 1.500 millones.

Estas medidas van en consonancia con el acuerdo alcanzado por el organismo con los mercados de futuros y los bancos, que aceptaron un reajuste en los precios para aliviar la carga que enfrentará el Central al pagar la diferencia entre los contratos pactados y el valor que termine teniendo el dólar tras la devaluación. También está en carpeta una ampliación del swap con China por unos $ 2.000 millones, que el macrismo pretende convertir en dólares ahora que el yuan es considerado moneda de reserva global.

En el esquema de metas de inflación que plantea el macrismo, la suba de tasas buscará convertirse en un ancla para los precios y un desincentivo para que el ahorrista no corra detrás del dólar. No obstante, si no se aplican medidas fiscales que permitan bajar de manera segmentada los costos crediticios, se trata de una política que podría frenar las inversiones de la pequeña y mediana empresa, señala Página 12. (I)

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Trabajadores protestan

600 empleados del Legislativo perderían trabajo

Cientos de trabajadores de la Asociación del Personal Legislativo (APL) ocuparon ayer el Congreso de Argentina en protesta tras conocerse que las nuevas autoridades iban a despedir a 600 empleados.   

En la primera protesta gremial en el gobierno del presidente Mauricio Macri a los afiliados de la APL se sumaron solidariamente miembros de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Los manifestantes con enormes banderolas representativas de sus respectivos sindicatos y carteles coparon los tres pisos de la Cámara de Diputados y el Salón de Pasos Perdidos.

La protesta estalló ante el rumor de que el flamante presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, no iba a reconocer la resolución firmada por el extitular de ese cuerpo, Julián Domínguez, de pasar a planta permanente a 600 trabajadores.    

Ante la manifestación, las nuevas autoridades accedieron a abrir un canal de diálogo con los representantes de APL, UPCN y ATE, quienes exigieron se respete la ley del empleado legislativo que establece la estabilidad de esos trabajadores.

Voceros del gremio reconocieron que no hubo una notificación oficial de despedido, sino el rumor de que se iba a emitir una resolución desconociendo el pase a planta permanente efectuado en el pasado mes de junio. (I)