Argentina quiere “blanquear” parte de los más de 100.000 millones de dólares que sus ciudadanos atesoran fuera del sistema financiero legal. Son fondos en negro, alejados del circuito productivo en paraísos fiscales, bienes no declarados en el exterior o simplemente escondidos debajo del colchón, en un país donde persiste la desconfianza hacia los bancos tras la confiscación de los ahorros a través del “corralito” de 2001.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estima que al menos 21.000 millones de esos dólares no declarados están en el país. La mandataria está decidida a atraer parte de esos fondos mediante un nuevo blanqueo de capitales, el segundo desde 2009. “Se estima que se podrán blanquear 2.000 millones, otros hablan de 4.000 como hace cuatro años y algunos de una cifra superior”, dijo a EL TELÉGRAFO el exviceministro de Economía y presidente del Centro de Análisis Social y Económico, Eduardo Curia.

El “blanqueo” comenzó el 1 de julio y se extenderá tres meses. Los dólares se depositarán en el Banco Central como garantía de dos certificados: el Bono de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baden, que busca captar fondos para obras de infraestructura en el hoy deficitario sector energético y que tendrá un rendimiento del 4% anual); o el Certificado de Depósitos para Inversiones (Cedin).

Los Cedin podrán utilizarse en operaciones de cualquier índole en pesos y endosarse en forma ilimitada. También venderse. Para cambiarlos a dólares billete primero deberán ser usados en una operación vinculada a la economía real en áreas de construcción o inmobiliaria.

A cambio, el gobierno promete no investigar el origen de los fondos, un punto que preocupa a la oposición. “En el último blanqueo denunciamos que esa medida iba a servir para blanquear dinero de la corrupción”, advirtió Federico Pinedo, jefe del bloque de diputados de la derechista Propuesta Republicana (PRO).

¿Pero cuál es el objetivo del plan? Dinamizar la economía –en especial el alicaído sector inmobiliario, que en el país austral está dolarizado por la histórica desconfianza en la moneda local- e inyectar dólares en el mercado cuando el gobierno aplica restricciones a la compra del billete norteamericano. Estas restricciones, basadas en la necesidad de alzarse con dólares en medio de una brutal crisis financiera global y en el marco de una política oficial de desendeudamiento, causaron una caída del 26,6% en la compra-venta de inmuebles en mayo pasado, en relación a igual mes de 2012.

Desde el gobierno reina el optimismo. Será “un instrumento de ahorro” que permitirá “movilizar el consumo”, principal motor del modelo económico, dijo el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli.

Pero desde la oposición sostienen lo contrario. “En un país como la Argentina, que solo en lo que va del presente año vio descender las reservas del Banco Central en unos 6.000 millones de dólares, la llegada de un monto que se ubique en torno de los 2.000 millones de dólares, como el que pronosticaron consultores privados, se diluiría muy rápidamente”, escribió en el conservador diario La Nación el analista Fernando Laborda.

Curia afirma que “obviamente hay una necesidad de divisas. De ahí que se haya echado mano a este mecanismo. El gobierno busca aire en un frente sensible”.

Las reservas bajaron 17% desde la aplicación de las restricciones a la compra de la moneda norteamericana, en mayo de  2012, que la oposición llama “cepo” y que generó el desdoblamiento del mercado cambiario, con una cotización oficial a 5,36 pesos la unidad y otra paralela, a casi 8 pesos.

Estas restricciones buscaron frenar una fuga de capitales en medio de una contracción del superávit comercial a raíz de la crisis internacional. El dólar oficial solo se vende a turistas que viajen al exterior y tras cotejarse las declaraciones impositivas de los interesados, lo que motorizó protestas de la clase media, habituada a ahorrar en dólares.

El gobierno explicó que, entre otras cosas, necesitaba cada dólar para hacer frente al pago de deuda externa generada en décadas precedentes. Hasta 2003, equivalía al 160,4% del Producto Interno Bruto (PIB), un peso insostenible para un país en crisis. Hoy, con una ambiciosa política de desendeudamiento que incluyó dos canjes de deuda en cesación de pagos y la cancelación del pasivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), equivale al 44,9% del PIB .

Y si bien falta resolver un litigio con “fondos buitres” que no adhirieron a las dos etapas del canje, hay un dato más positivo todavía: el endeudamiento con inversores privados es de solo el 13,1% del PIB (18,8% si se suma la deuda con organismos internacionales).

El resto es deuda intrasector público, con refinanciación automática, evitando en el futuro la intromisión internacional, con el FMI a la cabeza, para llevar adelante políticas públicas. Lo que se traduce en soberanía e independencia. En Argentina, hoy, es todo del color del cristal con que se lo mire.