El juez federal argentino Guido Otranto, responsable de investigar el caso del activista Santiago Maldonado, dijo que no cree que un exceso policial explique la desaparición del joven y destacó la hipótesis de un posible ahogamiento, según publicó el domingo el diario La Nación.

"La hipótesis de que (Santiago Maldonado) se podría haber ahogado es una de las opciones que me parecen más razonables, de acuerdo con la interpretación de las pruebas que estoy realizando", dijo el juez en una entrevista con este diario argentino.

La suerte de Maldonado es un misterio desde su desaparición el 1 de agosto tras una acción policial en una comunidad mapuche de la Patagonia. El caso ha derivado en un creciente escándalo político y moviliza a Argentina, una sociedad que aún tiene abierta la herida de los desaparecidos durante la dictadura (1976-1983).

Maldonado, un artesano de 28 años, fue visto por última vez en un operativo de la gendarmería (policía militarizada) en la comunidad mapuche Pu Lof de Chubut, en el sur del país, en unas tierras del empresario italiano Luciano Benetton.

El joven había ido a solidarizarse con los reclamos en un asentamiento mapuche en terrenos del italiano, que posé 900.000 hectáreas en la Patagonia.

"No creo que un exceso (de la gendarmería) explique la desaparición", dijo en la entrevista el juez al señalar que no ha encontrado elementos que le "permitan sostener que pudo haber sido herido de gravedad por un disparo a corta distancia o una piedra, por uno o más gendarmes".

Otranto, cuyo juzgado queda en la ciudad de Esquel (1.900 km al sudoeste de Buenos Aires), a cargo de la causa, ordenó el 7 de setiembre rastrillar las márgenes del río Chubut, que atraviesa el asentamiento mapuche para buscar el cuerpo del joven.

El diario señaló que el juez comentó sobre hacia donde apunta la investigación, sin ser concluyente en sus presunciones.

La desaparición de Maldonado ha conmocionado y dividido a la sociedad argentina luego de que organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, así como la familia calificaron como una "desaparición forzada" el caso, una acusación que el gobierno rechaza.

Se trata de la primera vez desde el fin de la última dictadura que vivió este país, que se duda sobre el papel del Estado o el gobierno en la desaparición de una persona en el marco de una protesta social-política reprimida por fuerzas de seguridad.

Argentina sufrió una de las dictaduras más violentas en América Latina. (I)