Buenos Aires.-

Argentina hará historia hoy al convertirse en el primer país de América del Sur en juzgar los delitos cometidos al amparo del Plan Cóndor, que fue implementado por las dictaduras sudamericanas en la década de 1970.

En el proceso serán juzgados 25 acusados, entre ellos los ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, dos de los personajes más emblemáticos del último y más sangriento régimen militar que gobernó Argentina.

El Plan Cóndor fue un proyecto a través del cual las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, con el apoyo de Estados Unidos, coordinaron la persecución de líderes políticos opositores. Gracias a esta colaboración regional, miles de personas fueron secuestradas, torturadas, desaparecidas, asesinadas o trasladadas ilegalmente de un país a otro.

Pese al cúmulo de pruebas, la mayoría de los países no ha podido juzgar a sus represores, a diferencia de Argentina, donde en 2005 fueron derogadas las leyes que durante décadas permitieron la impunidad de miles de militares y civiles.

En el juicio que empieza hoy, y que se prevé durará cuatro años, se analizarán cuatro causas por más de 240 delitos de lesa humanidad y en las que los represores están acusados de asociación ilícita, privaciones ilegítimas y aplicación de tormentos. La figura principal del juicio será el ex dictador Jorge Rafael Videla, quien encabezó el golpe militar de 1976 y fue presidente de facto hasta 1981.

A sus 85 años y preso en una cárcel militar, Videla ya ha sido condenado en varios juicios anteriores por otros delitos, entre ellos el robo sistemático de bebés nacidos en las cárceles clandestinas que fueron entregados en adopciones ilegales.

Se espera que a lo largo de este proceso, en el que declararán más de 500 testigos,   los acusados rechacen las imputaciones y reivindiquen, una vez más, la lucha contra la “subversión comunista” que, según ellos, amenazaba a la región hace cuatro décadas.  “Se trata del primer juicio que investigará globalmente el Plan Cóndor y entiendo que es el primero en su tipo en América Latina”, dijo Carolina Varsky, una de las abogadas de la querella que representa a víctimas argentinas y uruguayas.

La causa llega a juicio oral luego de 14 años durante los cuales la justicia había pedido las extradiciones de los fallecidos ex dictadores Alfredo Stroessner de Paraguay y Augusto Pinochet de Chile.

El único extranjero que enfrentará a los tres magistrados del Tribunal Oral será Manuel Cordero, un ex coronel y agente de inteligencia del Ejército uruguayo, según la abogada.

Cordero se encuentra detenido en Buenos Aires y está imputado en 11 casos, entre ellos la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman. “Lo que ahora debemos probar es la existencia de una asociación ilícita entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para perseguir y eliminar opositores en cualquiera de esos países, con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos”, indicó Varsky.

“Para la prueba -continuó- contamos con los testimonios de sobrevivientes y mucha documentación, como papeles desclasificados de Estados Unidos que comprometen a Washington”, explicó.

A raíz de estos documentos, el juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral había enviado, en agosto pasado, un exhorto al departamento de Justicia de Estados Unidos   para interrogar a Henry Kissinger, ex secretario de Estado entre 1973 y 1977, pero no obtuvo respuesta.

La abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también destacó el aporte que significó para la causa los llamados “Archivos del terror”, que fueron hallados por el abogado paraguayo Martín Almada en una estación de Policía de Asunción.