Tras cuatro días de especulaciones,  sobre la expropiación  de YPF, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunció ayer    que decretó la intervención inmediata de la petrolera, actualmente bajo control de la española Repsol y del grupo empresario   de la familia Eskenazi.

El plan presentado ayer, denominado “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”, establece  una expropiación del 100% de las acciones.  Es decir, si este  proyecto de ley prospera en el Congreso, el 51% irá a manos del Estado nacional y el 49% a las provincias productoras de hidrocarburos.

Además, declara de interés público nacional   la actividad de hidrocarburos del territorio de la República Argentina, publicó el diario argentino La Nación. El proyecto sostiene que el objetivo prioritario es el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos.

Tras conocer la noticia, el Gobierno español condenó ayer  la “decisión arbitraria” del Gobierno argentino de intervenir la petrolera, y anunció que adoptará las medidas "claras y contundentes” en defensa de los intereses de Repsol y de todas las empresas españolas.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, leyó una declaración del Ejecutivo, en la que se afirma que la decisión argentina “rompe el clima” de tradicional amistad en las relaciones entre ambos países.

El ministro de Industria,  José Manuel Soria, señaló que se trata de una decisión hostil contra Repsol y, por tanto, contra España y contra el Gobierno español. De ahí que haya anunciado que las medidas que adoptará el Gobierno en los próximos días serán “claras y contundentes” y haya asegurado que ya se está trabajando en ellas.

Repsol-YPF es el mayor productor argentino de hidrocarburos y líder del mercado de combustibles en ese país con el 54% de la refinación.

En una intervención en la sede del Gobierno, la presidenta explicó que se trata de un proyecto que ayer mismo sería presentado en la Cámara de Senadores. Tiene 19 artículos y consta de 50 páginas de fundamentos claros y precisos que avalan la expropiación.

Fernández adelantó que dictó un decreto de “necesidad y urgencia” sobre la intervención y colocó al frente de la empresa al ministro de Planificación, Julio de Vido, y al viceministro de Economía, Axel Kicillof,  que ha tenido un papel protagonista en la expropiación.

“El modelo elegido para el futuro de YPF no es de estatización sino de recuperación de la soberanía y control de los hidrocarburos”, manifestó ayer Cristina Kirchner en cadena nacional.

La iniciativa del Gobierno, que espera la sanción del Congreso, propone, además de la expropiación de casi la totalidad de las acciones en manos de la española Repsol, la remoción de los actuales   directores y de los síndicos, titulares y suplentes de la petrolera. La Nación informó que la iniciativa   aclara que la petrolera  seguirá funcionando en “sociedad anónima abierta” y se remarcó que la expropiación se realiza bajo el justificativo de interés público de la riqueza hidrocarburífera del territorio nacional.

Desde Bruselas, el portavoz europeo de Comercio, John Clancy, señaló que una expropiación  enviaría una señal muy negativa a inversores, nacionales e internacionales y podría dañar seriamente el clima de negocios en el país suramericano.

La cotización de las acciones de la petrolera   en la Bolsa de Buenos Aires fue  suspendida  en cuanto se conoció la noticia. Luego de  una apertura al alza, las acciones de YPF perdieron  un 2,44%.  Similar medida se tomó en Wall Street, cuando las acciones ya habían caído un 11%, y también en la Bolsa de México, que decidió paralizar la  venta de títulos de YPF tras la decisión tomada por los mercados anteriores.      

Mientras tanto, funcionarios del Gobierno argentino encabezados por el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación de Argentina, Roberto Baratta, tomaron ayer  el control de la petrolera  y obligaron a abandonar la sede de la compañía a los directores ejecutivos españoles y argentinos.

Baratta, que hasta  ayer  era el único representante del Estado argentino en el directorio de YPF, se presentó con una lista de directores ejecutivos que, según el Gobierno, deben renunciar, y ordenó cambiar la seguridad del edificio, según fuentes  consultadas por Efe. 

El alto cargo ordenó a los ejecutivos, entre ellos el español Antonio Gomis, director general de Repsol en Argentina, que tomaran sus pertenencias personales y abandonaran el edificio, que permanece cerrado salvo para funcionarios argentinos.