El tercer paro general contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se sintió con fuerza en el país austral, aunque sin ser contundente. La medida, convocada por las tres centrales obreras opositoras, se cumplió contra “la caída del empleo”, el impuesto a las ganancias que grava los salarios y la inflación que supera el 30 por ciento anual.

El impacto del paro fue muy importante en las principales ciudades del país, aunque el gobierno dijo que tres de cuatro trabajadores no adhirieron a la medida. “El 75 por ciento de los trabajadores manifestaron su voluntad de trabajar y no adhirieron al grupo de sindicatos opositores que propician el paro”, afirmó el jefe de gabinete, Jorge Capitanich.

La huelga fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) del líder camionero Hugo Moyano, antiguo defensor del”kirchnerismo”; la CGT Azul y Blanca del sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo, ex aliado del gobierno liberal peronista de Carlos Menem, y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA, centroizquierda) de Pablo Micheli y respaldada por grupos de izquierda. La CTA disidente del maestro Hugo Yasky y la CGT oficialista, del líder metalúrgico Antonio Caló, no adhirieron a la medida.

El real acatamiento de la huelga fue muy difícil de medir.  No hubo trenes y el metro de la capital argentina funcionó solo en algunas lineas y con demoras. Pero sí hubo ómninus de pasajeros ya que la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que nuclea a los choferes del transporte público, no se plegó a la medida, como sí lo hizo en la última huelga general del 10 de abril pasado.  Pero varias unidades sufrieron ataques en el sur del Gran Buenos Aires y cinco líneas interrumpieron el servicio “por precaución”.

Muchos trabajadores eligieron quedarse en sus casas ante el temor a incidentes a raíz de los numerosos “piquetes” levantados por partidos de izquierda minoritarios en puntos de acceso a las grandes ciudades, en especial la capital. Estos cortes en las principales vías impidió el libre tránsito de quienes buscaban llegar a sus trabajos. Además, los comerciantes suelen no abrir sus negocios por temor a “aprietes” de fuerzas de choque sindicales que amenazan con causar destrozos en caso de no plegarse a la medida.  Tambien hubo cancelaciones de vuelos domésticos e internacionales y estuvo paralizada la actividad bancaria, portuaria, de cargas y de recolección de residuos, así como el expendio de combustible. En cambio, fue parcial el paro en educación, salud y justicia.

En el interior del país, la adhesión fue dispar. Fue fuerte en la provincia andina de Mendoza, en la céntrica Córdoba y en la ciudad de Rosario, la segunda más importante del país, pero parcial en el resto del territorio. En algunos cortes de tránsito se produjero incidentes aislados entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

“El éxito de la huelga es contundente”, aseguró Moyano, quien estimó en “un 85 por ciento el acatamiento” del paro. “Si no nay respuestas” del gobierno a los reclamos  gremiales “las medidas se van a profundizar” en el último tramo del mandato de Cristina Kirchner que concluye a fines del 2015, advirtió Moyano. Pero Edgardo Buzzi, titular de la opositora Federación Agraria Argentina, dijo que la medida “a lo mejor no fue tan contundente” como otras en el pasado.

Desde el sindicalismo oficialista respondieron con fuertes críticas. El secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), Ricardo Pignarelli, se mostró indignado por los cortes protagonizados por grupos de izquierda. “Qué fácil es cortar el país con este gobierno”, que desde su asunción en el 2003 ha implementado una política de no reprimir las protestas sociales a pesar de que este tipo medidas impiden el libre tránsito y violan la Constitución, dijo Pignarelli .     

El paro se cumplió en momentos en que el país atraviesa una compleja coyuntura económica. Los gremios opositores denuncian una ola de suspensiones y despidos laborales. El desempleo creció al 7,5 en el segundo trimestre en relación al 7,2% de un año atrás. Pero es la inflación el mayor problema que afecta a los argentinos. Según el gobierno ronda el 30 por ciento anual, pero economistas privados y la oposición la ubican en 40 por ciento. Los distintos gremios alcanzaron en el primer semestre aumentos salariales del 29,7% en promedio y exigen ahora la reapertura de negociaciones para lograr nuevas mejoras ante la tasa inflacionaria que, afirman, superó la recomposición de sus sueldos. Además, en el frente externo, Argentina se encuentra enfrascada en una lucha con los “fondos buitres” en la justicia de Nueva York que falló a favor de estos “holdouts” por unos 1.350 millones de dólares. jaqueando la política de desendeudamiento oficial y llevando al país a un “default técnico”. Además, la cotización del dólar enfrenta una nueva escalada: se vende a 14,45 pesos en el mercado negro (un aumento del 44,5 por ciento en lo que va del año) contra 8,40 el oficial, una brecha del 71 por ciento. El ministro de Economía, Axcel Kicillof,  al hablar este jueves en el Consejo de las Américas, graficó el pensamiento oficial: “no hay que vender optimismo, pero tampoco inventar pesimismo”.